El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado este miércoles durante la sesión de control del Congreso que el Gobierno está interesado en asegurar el uso de lenguas cooficiales y el plan Justicia 2030 que viene desarrollando su departamento incluye para ello programas de normalización lingüística.
Se trata, en cumplimiento de la jurisprudencia constitucional, de compaginar el derecho del uso a las lenguas con el cumplimiento de los derechos fundamentales de las partes.
El titular de Justicia ha respondido de este modo a una preguntar formulado por el diputado del Grupo Parlamentario Plural Josep Pagés, que se ha interesado en las actuaciones realizadas por el Gobierno para asegurar su uso.
En su respuesta, Campo ha citado la citada sentencia del Constitucional, del pasado 25 de marzo. «Es bueno hablar y dialogar, y el Gobierno es consciente de la realidad plural y de la necesidad de proteger y respetar las lenguas», ha añadido, para apuntar que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial (LOP) «dice como hacerse».
Pagés ha señalado que el uso del catalán en justicia se ha reducido un diez por ciento «y es residual», y que el propio Consejo de Europa ha pedido al Ejecutivo que asegure que los juicios puedan seguirse en las lenguas oficiales del estado, señalando cosas concretas como el sistema de traductores, que según este organismo europeo debe sustituirse porque disuade de su uso.
«El derecho está de su lado», le ha recordado Campo al diputado, para añadir que invoca derechos en los que se está trabajando pero de modo que el uso de otras lenguas «no sea imposición, sino complementar la ley orgánica».
