ERC, Junts, la CUP y los comuns están estudiando la posibilidad de vetar a Vox para que ningún miembro de esta formación sea escogido por el Parlament como senador por designación autonómica.
Lo han explicado en rueda de prensa las diputadas Najat Driouech y Pau Morales (ERC), Aurora Madaula (Junts), Basha Changue (CUP) y Jessica González (comuns), después de que estas cuatro formaciones se hayan reunido junto al PSC con la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y la Mesa de la Cámara, aunque los socialistas han hecho una rueda de prensa a parte.
Estos cinco grupos acordaron al inicio de la legislatura un «pacto antifascista» con un decálogo para minimizar la presencia de Vox en el Parlament que han presentado a Borràs y la Mesa, pero este jueves se han constatado las diferencias que hay entre el PSC y el resto de formaciones.
Uno de los puntos de ese acuerdo era evitar, «siempre que sea posible», la presencia de Vox en los nombramientos que dependen del Parlament, como la designación de los ocho senadores autonómicos, ya que en principio alguno correspondería al partido liderado por Ignacio Garriga al haber obtenido 11 escaños y ser la cuarta fuerza.
Los socialistas ya han manifestado que por ley Vox debería tener alguno de estos senadores, por lo que no ven viable este veto, pero Changue ha insistido en que este punto del acuerdo debe mantenerse y que así lo han trasladado a la Mesa para que este órgano acabe de concretar cómo conseguirlo haciendo las «consultas jurídicas» necesarias.
Para ella, la voluntad de vetar a Vox de la designación de senadores es un acuerdo político que ahora la Mesa y la Junta de Portavoces deben estudiar jurídicamente cómo se puede llevar a cabo.
Por su parte, Morales ha rechazado que jurídicamente no se pueda excluir a Vox de esta elección: «No daría por hecho que no hay cobertura jurídica».
DESACUERDO CON EL PSC
Estos cuatro grupos han presentado dos propuestas de resolución para comenzar a materializar y concretar el pacto contra Vox alcanzado al inicio de la legislatura, que no cuentan de momento con el apoyo del PSC, aunque se abren a que se pueda sumar a las iniciativas antes de que las registren formalmente el martes en el Parlament.
Una de las propuestas pide que el Parlament se reafirme en «su vocación de continuar siendo un espacio de libertad y confrontación política, de ideas y de diálogo, así como su compromiso en defensa de las instituciones propias y de la democracia».
También busca que la Cámara catalana exprese su voluntad de «convertirse en un espacio libre de discurso de odio y blindarse frente a apologías de la discriminación», y pide una reforma del reglamento del Parlament para blindarlo ante los discursos de odio y la discriminación.
Plantean que esta reforma refuerce el «compromiso contra la discriminación y el acoso con sanciones en caso de no firma», y modifique el requisito de unanimidad por las declaraciones institucionales para que se puedan aprobar con una mayoría cualificada.
Además, entre otras cuestiones, «rechaza cualquier manifestación de violencia hacia las diputadas y adquiere el compromiso de rechazar formal y unánimamente cualquier manifestación de violencia verbal, física o psicológica hacia las diputadas».
La otra propuesta pide crear una comisión de estudio en el Parlament sobre «el racismo institucional y estructural en Cataluña, en todos los ámbitos necesarios», que ampliaría la comisión de la última legislatura que estudiaba el racismo en el ámbito de la seguridad.
