El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha desmentido a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que este jueves afirmó que «el Tribunal Supremo ha dicho que los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud sean de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas aunque no haya consenso ni unanimidad.»
López sostiene que «no es cierto», apuntando que lo único que ha dicho el Alto Tribunal es que el órgano competente es la Audiencia Nacional.
«Por eso, llamo a la vicepresidenta que venza esa pereza y lea la resolución», ha recalcado recordado que la Comunidad de Madrid tiene recurridos dos acuerdos del Consejo Interterritorial para que se determine si son de obligado cumplimiento cuando falta esa unanimidad.
De igual modo ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha señalado que «los acuerdos de este consejo no son base suficiente para limitar derechos fundamentales» y pedían que se legislara «una norma y un marco jurídico de mayor calidad» para dejar hacer las restricciones.
En este mismo sentido, López ha pedido al Gobierno que se deje de «juegos políticos» y que vele por «la salud pública también desde el ordenamiento jurídico».
Así lo ha señalado el secretario de Justicia del PP después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, haya insistido en que España cuenta con «armas jurídicas suficientes» para afrontar la gestión de la pandemia una vez decaiga el estado de alarma».
Para López, estas manifestaciones solo pueden obedecer a «un posicionamiento político, a un intento de justificar la dejadez y la desidia legislativa del Gobierno o a una falta de rigor técnico en el conocimiento de la norma».
«Los jueces y el Consejo de Estado han cuestionado que la Ley de Medidas Especiales de 1986 tenga calidad jurídica suficiente para determinar restricciones sin el estado de alarma y con la misma intensidad», ha subrayado.
«Hay que dejar de hacer juegos políticos y velar por la salud pública también desde el ordenamiento jurídico. Es necesario ese plan propuesto por el PP, una reforma de la Ley de Medidas Especiales y su adaptación a los requerimientos de una norma de calidad que permita y de certidumbre jurídica a las CCAA y a los jueces a la hora de proceder a la ratificación de estas restricciones», ha aseverado.
