viernes, 14 mayo 2021 21:54

Otros dos policías de Blanqueo defienden la legalidad de la instrucción del ‘caso Cursach’

Los dos agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional que han declarado este viernes en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en relación a supuestas irregularidades en la instrucción del ‘caso Cursach’ han defendido la legalidad de la investigación y la corrección de sus actividades.

La declaración de estos dos policías ha cerrado la ronda de citaciones que se inició el pasado miércoles con la presencia ante el juez instructor, Carlos Gómez, del juez Manuel Penalva, del testigo 26, y de dos policías de Blanqueo, el jueves.

Según fuentes de la investigación, este viernes ambos agentes han prestado declaración durante unos 40 minutos cada uno y, en línea con las declaraciones de sus compañeros y de Penalva, han defendido la legalidad de las actuaciones y han negado que se manipulara o presionara al testigo 26, un trilero de s’Arenal, para que acusara a policías locales.

En esta línea, han rechazado la acusación de omisión del deber de perseguir delito como un sinsentido porque eso hubiera supuesto tener que investigarse a si mismos cuando, además, más grupos de tenían acceso a la causa.

Esta ronda de declaraciones se ha producido tras aceptar la Sala los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y varias acusaciones, después de que la Sala hubiera revocado el auto con el que se cerraba la instrucción y procesaba al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán y a cuatro policías nacionales por delitos de revelación de secreto, omisión del deber de perseguir delito y omisión del deber de promover la persecución de delito.

Los interrogatorios se han centrado en esclarecer si el testigo 26 habría recibido beneficios judiciales a cambio de incriminar a agentes de policía durante la instrucción del ‘caso Cursach’.

Este miércoles también estaba citado el exfiscal Miguel Ángel Subirán pero finalmente no declaró después de que un informe forense haya determinado que no está en condiciones para defenderse en un procedimiento legal.