La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el auto del juez José de La Mata en el que propuso juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal confirma íntegramente en una resolución con fecha de 20 de abril el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por el instructor para todos los investigados en este procedimiento, a excepción de Carlos Sumarroca Coixet, para quien se acuerda el archivo de la causa, y de Mercé Gironés, a quien se le retiran dos delitos contra la hacienda pública.
«Los indicios –de delito– están suficientemente detallados en el auto recurrido y se desprenden de lo hasta ahora actuado en la fase de instrucción a la que dicha resolución pone fin», apunta el tribunal para añadir que ahora es se entra en la fase en la que las partes deben pedir o el archivo, o nuevas diligencias o presentar el escrito de acusación.
Repasando las alegaciones realizadas por la familia Pujol en su recurso, la Sala confirma la competencia de la Audiencia Nacional y señala que, en relación al blanqueo de capitales, los actos nucleares se realizaron en el extranjero –fundamentalmente en Andorra– mediante el movimiento de fondos en efectivo de diversas cuentas abiertas en el extranjero, de las que eran titulares varios miembros de la familia Pujol. Cuentas que según el auto recurrido fueron puestas a nombre de fundaciones controladas por dicha familia.
Respecto a la calificación de los hechos como asociación ilícita u organización criminal, la Sala confirma esta tipificación e indica que la resolución recurrida relata una actuación «claramente concertada de todos los integrantes de la familia Pujol» consistente en la apertura y cierre simultaneo de cuentas bancarias en el extranjero, así como de movimientos de fondos entre ellas, que indiciariamente obedece a una estrategia orientada a ocultar su origen y que el auto conecta con operaciones ilícitas determinadas que tuvieron como consecuencia determinadas resoluciones de la administración autonómica catalana.
