Belarra destaca el «enorme retorno fiscal» que supondrá el sistema de cuidados

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha destacado la «inversión positiva» que van a suponer los 730,8 millones aprobados por el Consejo de Ministros para el refuerzo y reforma del sistema de cuidados y que, según ha indicado, supondrán un «enorme retorno fiscal» para la economía española.

Belarra ha debutado este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo para informar sobre esta medida aprobada y la distribución de esta cuantía que deberán realizar las comunidades autónomas para lograr los objetivos.

En su intervención, la ministra ha señalado que esta medida es consecuencia de uno de los «aprendizajes» que la pandemia ha reportado durante el año 2020, que es la «necesidad de una transformación profunda» de los cuidados, tanto a las personas mayores como a aquellas dependientes.

Belarra cree que en el último año el modelo residencial «ha mostrado» las dificultades que existen dentro del mismo y reconoce que no es el sistema preferido de los mayores. Así, ha explicado que cuando se les pregunta, estos aseguran que prefieren ser atendidos en sus domicilios mientras sea posible.

MODELO CENTRADO EN LA PERSONA

Es por eso que 482 millones de los casi 731 aprobados este martes, y que tienen carácter finalista, se deberán destinar a un Plan de apoyos y cuidados de larga duración. El objetivo es que haya una transformación hacia los cuidados domiciliarios, frente al modelo residencial.

Se trata, según ha explicado Belarra, de lograr «un modelo centrado en la persona» y que esta sea atendida en su domicilio mientras sea posible y que las residencias sean «lo más parecido a un domicilio posible», es decir, «más pequeñas» y con «un personal más estable». «Lo contrario al modelo actual», ha indicado la ministra.

Además, 216 millones de los aprobados deberán dirigirse a modernizar los servicios sociales para hacerlos «mas accesibles» y «eficientes» y para impulsar una reforma del sistema de atención a la infancia. Mientras que los 31 millones restantes se destinarán al Plan España Accesible, para eliminar las barreras con las que las personas con diversidad funcional se enfrentan en su relación con las administraciones.

La titular de Derechos Sociales ha indicado, en este sentido, que no se trata solo de la accesibilidad física, la más conocida, sino también en lo que se refiere a la accesibilidad cognitiva que afecta, por ejemplo, a las personas con Trastorno del Espectro Autista.

EMPLEO DE «CALIDAD»

Estas cuantías se distribuirán entre las comunidades autónomas y los criterios para ello se decidirán en el Consejo Territorial que se celebrará próximamente.

En su intervención, Belarra ha puesto en valor los beneficios de esta inversión, que ha calificado de «positiva», por el hecho de impulsar un sector que está altamente feminizados y por el empleo «de calidad» que supondrá.

Sobre esto, ha declarado que son empleos que «fijarán a la población», ya que los trabajadores deberán atender a los mayores o dependientes en sus domicilios. Esto aumentará el trabajo en pueblos y ciudades pequeñas, además de atender a las necesidades de las zonas rurales y la España vaciada, ha indicado la ministra.