La ministra de Hacienda y Portavoz el Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado hoy al PP de estar enredando con su propuesta de ‘plan B’, para modificar la Legislación que se aplique al decaer el estado de alarma, a pesar de que algunos de los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez no descartan apoyar la propuesta de los ‘populares’. En este sentido, ha dejado claro que los derechos fundamentales tienen que tener un marco muy restrictivo y no ve conveniente incorporarlo a leyes ordinarias de CCAA.
Así se ha pronunciado la Portavoz del Ejecutivo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y después de que varios partidos aliados parlamentarios del Gobierno –ERC, Bildu, Más País, PDeCAT y Compromís– hayan exigido hoy a Pedro Sánchez una alternativa al fin del estado de alarma previsto para el 9 de mayo. De hecho, algunos de ellos no han descartado incluso apoyar la tramitación del ‘plan B’ jurídico promovido por el PP.
En este sentido, ha asegurado que la posición del PSOE en el Congreso a este respecto la tendrá que transmitir el Grupo Parlamentario, dejando claro que ella sólo transmite la postura del Ejecutivo.
Y esta es clara, se ha negado en redondo a modificar la Legislación vigente en materia de Salud Pública y se ha remitido continuamente a las decisiones que se adopten en el Consejo Interterritorial de Salud que, según ella, son de «obligado cumplimiento».
Montero se ha centrado en atacar al PP al asegurar que la contradicción de este partido es «palmaria» porque en otras ocasiones con una incidencia de la pandemia muy superior o igual a la actual, se ha negado a apoyar la prórroga del estado de alarma en el Parlamento. Y ha recordado de paso que para algunas prórrogas se tuvieron que llevar a cabo «negociaciones muy complicadas» en el Parlamento.
Ahora, según la Portavoz, ambos partidos mayoritarios, PSOE y PP, están de acuerdo en no prorrogar la alarma, aunque ha puesto de manifiesto las contradicciones de los presidentes autonómicos del PP alegando que unos lo piden y otros no. «El PP está enredando con este tema y no sabe ni lo que quiere», ha espetado.
La ministra ha defendido la posición del Ejecutivo de no llevar a cabo reformas legislativas alegando que el Gobierno «considera que la restricción de los derechos fundamentales es algo muy serio y no se puede dejar en manos de las CCAA una restricción que está bien articulada en la Constitución».
En este sentido, ha precisado que para adoptar el estado de alarma se tienen que producir situaciones «muy excepcionales» y no ha considerado conveniente «descentralizar» estas decisiones, sobre todo cuando la Constitución delimita esta figura.
«Los derechos fundamentales tienen que tener un marco muy restrictivo y no parece conveniente incorporarlo a las leyes ordinarias de las CCAA, no se trata de algo ordinario, ni normalizado, sino extraordinariamente excepcional, que se tiene que decidir por el Gobierno de España con el refrendo del poder legislativo», ha recalcado.
NO RESPONDE SI TRAS LA ALARMA SE PODRÁN CERRAR CCAA
Tras esta argumentación, Montero ha sostenido que se continuará funcionando a través del Consejo Interterritorial de Salud, precisando que sus decisiones son muy importantes para que las autonomías tengan herramientas suficientes para hacer frente a la pandemia.
Sin embargo, ante la pregunta de si este Consejo podrá adoptar la decisión de llevar a cabo cierres perimetrales de CCAA incluso si no cuentan con el consentimiento de las afectadas, la Portavoz del Ejecutivo no ha respondido y se ha remitido a que la respuesta la de la ministra de Sanidad. «Sería muy osada si me anticipo a cualquier cuestión que no ha sido debatida», ha alegado, remitiéndose también a que conteste el Consejo Interterritorial con «criterio técnico» sobre esta medida u otras de otro tipo.
Aún así, la Portavoz ha insistido en que el «objetivo» es que tras el 9 de mayo no sea necesaria la prórroga del estado de alarma y ha insistido en que el Ejecutivo cree que no será necesario. Aunque ha admitido que todo este tipo de decisiones están moduladas por la incidencia epidemiológica y el criterio «experto y sanitario» que es la que, ha dicho, marca la decisión política.
EL OBJETIVO, NO PRORROGAR, PERO LA DECISIÓN ÚLTIMA ES DE LOS EXPERTOS
«La voluntad del Gobierno es no prorrogar pero todo ello desde la prudencia porque lo que marca las decisiones últimas son los criterios técnicos y de expertos», ha alegado después de que ayer el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, precisara que lo lógico sería evaluar la situación una semana antes de que expire el decreto de alarma en vigor.
En cualquier caso, Montero se ha mostrado confiada en poder seguir el ritmo de vacunación previsto, después de que Pfizer se haya comprometido a entregar una media de 1,7 millones de vacunas semanales a España.
Por ello, cree que lo fundamental es que las CCAA sigan concentradas en cómo acelerar el proceso de vacunación, tras el proceso de entrega de vacunas que van llegando ya que, ha insistido, son las que tienen los instrumentos para llevarlas a cabo.
LOS INMUNIZADOS PUEDEN PORTAR EL VIRUS
Montero también cree que la propuesta de que las personas que ya estén inmunizadas con las dos dosis puedan moverse libremente debe exponerse en el Consejo Interterritorial y son los expertos quienes deben pronunciarse porque, ha alegado, «aunque las personas estén inmunizadas, pueden portar el virus» y transmitirlo.
