Dos peritos de la Agencia Tributaria han sostenido este jueves en el juicio por el presunto pago de parte de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja ‘b’ que la formación política no tiene obligación de declarar a Hacienda todas aquellas donaciones que están anotados en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’ que se destinen al objeto principal del partido.
Los funcionarios de Hacienda han comparecido por segundo día consecutivo ante el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y han expuesto las conclusiones a las que llegaron sobre si el PP cometió un delito relativo al Impuesto de Sociedades de 2008 por las donaciones que aparecen en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, donde el extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas anotó los movimientos contables de la presunta contabilidad paralela del partido.
El fiscal Anticorrupción Antonio Romeral les ha preguntado por dos informes elaborados en septiembre de 2013 y en octubre de 2014 en el que afirmaron que el PP no tiene que tributar las donaciones que aparecen en la contabilidad manuscrita de Bárcenas porque la Ley de financiación de partidos políticos de 2007 –que prohíbe las donaciones anónimas– declara exentas todas las aportaciones que se destinen a los fines propios del partido.
El inspector de Hacienda, que ha recordado que en 2008 era el primer año de aplicación de dicha ley, ha hecho hincapié en que el «sentido literal» de la citada norma señala que «las donaciones que se han percibido, siempre que estén vinculadas al objeto o finalidad del PP, están exentas» y por tanto no hay que «tributar por las donaciones».
Tras estos dos informes, el entonces juez instructor, Pablo Ruz, pidió a la Agencia Tributaria que cuantificase la cuota que el PP debió haber pagado a Hacienda por las donaciones presuntamente irregulares.
DOS CÁLCULOS DE CUOTA DEFRAUDADA
Ante una primera negativa de la exjefa de la Oficina Antifraude(ONIF) Margarita García-Valdecasas, que ha explicado ante el tribunal que manifestó al magistrado instructor que eso iría en contra del criterio ya expuesto en los anteriores informes, Ruz volvió a reclamar esa cifra, por lo que otro funcionario de Hacienda —que no ha podido comparecer en la vista oral– calculó que el PP pudo dejar de tributar unos 220.000 euros.
En este informe además se apuntó una alternativa en la que se incluyen posibles gastos deducibles, rebajando así la cifra que el partido habría dejado de ingresar en unos 25.630 euros –por debajo de los 120.000 euros que marca la ley para considerar que se ha cometido un delito fiscal–.
Sobre este hecho, el inspector interrogado ha apuntado que él no participó en la elaboración de este último informe, si bien ha explicado que si los ingresos están exentos de tributar a su vez lo están los gastos que han ido a «financiar el objeto o finalidad del partido».
Por ello, entiende que si su compañero plasmó una segunda opción en la que se deducen gastos realizados por el PP es porque contempló la posibilidad de que las donaciones sean consideradas «actividades económicas» diferentes a contribuir en la financiación del partido y, por tanto, estarían sujetas a los normas tributarias generales.
A FALTA DE DAR POR PROBADOS LOS ‘PAPELES DE BÁRCENAS’
Así las cosas, ha indicado que los informes elaborados se basaron en la documentación que les remitieron sobre la contabilidad oficial, la contabilidad paralela e informes de la UDEF que indicaban que algunas de las donaciones se habían ingresados en cuentas bancarias de forma «troceada», así como información del Tribunal de Cuentas que no detectó que los ingresos extraordinarios «vulneraban la legalidad vigente».
Por ello, ha subrayado que las conclusiones extraídas están «absolutamente condicionadas» a que se pruebe la veracidad de los ‘papeles de Bárcenas’: «que esas personas existen, que existen esos importes y que se han donado ese año», ha puntualizado el perito de Hacienda.
Preguntado por una de las acusaciones populares que en caso de que las donaciones presuntamente irregulares fueran destinadas a pagar el pago de la reforma de la sede nacional si seguirían estando exentas de tributar, el perito ha vuelto a remitirse a la «valoración de la prueba» por parte del tribunal y no ha querido entrar en el fondo, pero ha apuntado que «los gastos de reparación, de mejora y rehabilitación entra dentro del objeto de un partido político».
Ante la insistencia de las acusaciones populares en entrar a debatir en el origen de las donaciones y su finalidad, el presidente del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, ha recordado que lo que se discute en este juicio oral es «lo que salió de la caja, no lo que entró». El Juzgado Central de Instrucción número 5 mantiene en instrucción si estas aportaciones dinerarias al PP tenían carácter finalista.
Al mismo tiempo que los inspectores de Hacienda ha comparecido el perito Fernando Pérez Royo, que ha tachado de «disparate» el criterio de Hacienda porque entonces, en su opinión, «quedan exentas las donaciones legales y las ilegales». «Entra en contradicción con el sentido común y con la forma de aplicar las normas», ha añadido y afirmado que la caja ‘b’ se nutría de «aportaciones clandestinas», de «donaciones turbias».
