La titular del Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid, Josefa Bustos, ha suspendido la declaración del jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Francisco Javier Migueláñez, que estaba prevista para este jueves para determinar si debe comparecer como testigo o como imputado en el marco de la investigación iniciada por una querella de un inspector contra la cúpula policial del PP por las supuestas represalias sufridas en la llamada ‘guerra de comisarios’.
La juez había citado a Migueláñez para declarar este 22 abril, como parte de la ronda de comparecencias que comenzó cuando la Audiencia Provincial ordenó a la instructora que reactivara el caso –iniciado con la presentación de la querella en 2018– tomando declaración como investigados a todos los querellados, casi una veintena de personas entre las que se encuentran ex responsables de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el ex comisario José Manuel Villarejo o Nicolás Gómez Iglesias, alias ‘El Pequeño Nicolás’.
Sin embargo, según fuentes presentes en la declaración, el propio Migueláñez ha llamado la atención a la juez sobre el hecho de que en la querella se le menciona como querellado pero se propone que declare como testigo, ante lo cual Bustos ha optado por suspender la comparecencia para estudiar en calidad de qué se le debe interrogar.
Por otro lado, la instructora ha pedido a las partes que se pronuncien sobre la petición formulada por Podemos y por el sindicato Unión Federal de Policía (UFP) para personarse en esta causa.
De acuerdo con las fuentes consultadas, en un principio Bustos rechazó ambas personaciones pero Podemos y UFP recurrieron, ante lo cual Bustos pidió sendos informes a Fiscalía, tras los cuales resolverá.
En el caso de la formación ‘morada’, el Ministerio Público, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, se ha posicionado a favor de la personación de Podemos como acusación popular.
La fiscal manifiesta «reticencias», recordando incluso que el borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) «proscribe el ejercicio de la acción popular a los partidos políticos y sindicatos».
No obstante, concluye que «en el presente caso, dada la normativa procesal vigente y que no resultan acreditados fines espurios y fraudulentos que justifiquen la denegación de la personación del partido político», procede estimar el recurso de reforma de Podemos y permitir que sea parte del caso.
LA ‘GUERRA DE COMISARIOS’
El caso parte de la querella presentada por el inspector Rubén Eladio López por presuntos delitos de acoso laboral, organización criminal y ocultación de pruebas, entre otros, contra altos cargos policiales durante la época de Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio de Interior a los que acusa de haberle represaliado por sus pesquisas en torno a Villarejo a raíz del llamado caso ‘Nicolay’ sobre Gómez Iglesias.
Los hechos denunciados se remontan a octubre de 2014, cuando la Unidad de Asuntos Internos dirigida entonces por Marcelino Martín Blas empezó a investigar a ‘El Pequeño Nicolás’, tras conocerse que se hacía pasar por un alto cargo, para determinar si había contado con la colaboración de efectivos policiales. La ‘Operación Nicolay’ se encomendó al Grupo IX, encabezado entonces por López.
Después de la detención de Gómez Iglesias, –conforme al relato de la querella– sus declaraciones, la documentación intervenida y el desarrollo de la investigación permitieron acreditar el nexo entre ‘El Pequeño Nicolás’ y Villarejo y la vinculación de ambos a «hechos de naturaleza criminal junto a terceros».
Entonces, Villarejo se habría servido de una serie de miembros de la cúpula policial, entre los que estaría Migueláñez, para intentar sabotear las investigaciones de López, «boicot que con el tiempo se revelará como una acción conjunta realizada por quienes se constituyeron en organización o grupo criminal destinado a presionar, coaccionar y, en definitiva, acosar y represaliar al inspector».
REINCORPORACIÓN FRUSTRADA
En concreto, López señala a Migueláñez como uno de los responsables, junto al ex titular de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Florentino Villabona, de que no se le concediera la plaza de jefe de grupo de Asuntos Internos, cargo que había estado desempeñando en comisión de servicios antes de incorporarse a la comisión judicial del caso ‘Nicolay’.
Y eso, «pese a tratarse del candidato más cualificado por méritos, capacidad y antigüedad en la Unidad de Asuntos Internos», por lo que la querella achaca esta negativa a que a partir de 2015, «cuando la Dirección de la Policía le presiona para que dé carpetazo a la investigación y Rubén no sucumbe a dichas coacciones, no recibe más condecoraciones».
Este episodio fue precisamente uno de los ejes de la declaración de Villabona. Según fuentes jurídicas, dijo a la juez que cuando se le denegó la plaza a López él aún no era el jefe de la DAO, asegurando que se limitó a dar curso a una decisión ya tomada que –apuntó– se basaba en la recomendación de Miguelañez de que el inspector no volviera a Asuntos Internos porque las investigaciones sobre Villarejo podrían verse contaminadas.
Además de Villabona, también han comparecido en la sede judicial el ex DAO Eugenio Pino y el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que han negado cualquier acoso o animadversión hacia López.
IMPULSO PROCESAL
La Audiencia Provincial reactivó el caso, que prácticamente estaba estancado desde la presentación de la querella en 2018, en un auto del pasado 1 de febrero con el que ordenó a la juez citar a los querellados como investigados, estimando así un recurso de apelación interpuesto por López, actual director de Emergencias, Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio de Fomento.
Bustos se había amparado en la «complejidad» de la querella y en «la existencia de numerosos procedimientos judiciales» sobre los hechos referidos en la misma, esgrimiendo que era necesaria «una minuciosa delimitación» para evitar una «doble instrucción», así como en el colapso provocado por la pandemia de coronavirus.
La juez había acordado, «una vez recibidos los distintos testimonios de los varios juzgados», citar a López para «prestar declaración en calidad de perjudicado y para que concrete determinados extremos de la querella». Sin embargo, la Audiencia de Madrid urgió a escuchar a los querellados: «No parece razonable que, bajo la alegación de concretar los hechos, hayan transcurrido más de dos años».
