Sanidad firma un convenio con CESIDA y la Universidad de Alcalá para realizar acciones de no discriminación al VIH

El Ministerio de Sanidad, CESIDA y la Universidad de Alcalá han firmado este viernes un convenio de colaboración para el desarrollo de acciones del Pacto Social por la no discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH.

«Este convenio es un paso más en el trabajo coordinado para alcanzar los objetivos comunes en este pacto», ha dicho la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la firma del acto, en el que se ha emocionado al dar las gracias a las personas que han luchado contra el VIH.

Y es que, tal y como ha detallado Darias, la puesta en marcha de este pacto refleja la vocación «inequívoca» del Ministerio de Sanidad para la protección de la salud, el respeto a los derechos humanos y el trabajo articulado y conjunto de los sectores involucrados en la respuesta al VIH.

«España es un país referente en la consecución de los derechos sociales de Europa y en el compromiso con los mismos. Tenemos por delante un camino importante y, aunque es verdad que hemos alcanzado muchos logros en estos 40 años, nos toca seguir caminando para poner fin a este estigma y discriminación de las personas con VIH», ha apostillado la ministra de Sanidad.

Se trata de un paso adelante en el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH, cuyo objetivo es eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH y al sida, garantizando la igualdad de trato y de oportunidades, la no discriminación, el respeto de los derechos humanos y la diversidad de las personas afectadas.

Por su parte, la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, ha asegurado que la materialización del PACTO SOCIAL ha supuesto un importante avance en la protección de los derechos de las personas con el VIH frente a la discriminación.

A su juicio, una de las claves del éxito para su implementación son las alianzas y sinergias que se han establecido con distintos sectores como la Administración General del Estado (AGE), las comunidades autónomas, las entidades locales, ONG, sociedades científicas, sindicatos, empleadores, medios de comunicación o universidades, entre otros, que tienen una implicación fundamental en su desarrollo.

CUATRO AÑOS DE VIGENCIA

El convenio suscrito tiene una vigencia de cuatro años y supone un paso más en el trabajo coordinado para alcanzar los objetivos comunes enmarcados en el Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH.

Gracias a este convenio, se realizará un análisis de las normas jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico español a nivel estatal, autonómico y municipal, que discriminan o limitan los derechos de las personas con el VIH.

Asimismo, se realizarán estudios que permitan conocer tanto las actitudes de la población española hacia las personas afectadas por el VIH, como la percepción de las situaciones de estigma y discriminación en las personas con el VIH.

También se desarrollarán acciones para sensibilizar y formar a los profesionales de los recursos sociales, sanitarios, jurídicos y educativos para favorecer el trato igualitario y el abordaje de las necesidades específicas de todas las personas con el VIH.

En esta misma línea, se pondrán en marcha acciones y campañas de sensibilización con información correcta y actualizada encaminada a corregir creencias erróneas sobre el VIH, sus vías de transmisión y formas de prevención.

Del mismo modo, se realizarán investigaciones dirigidas a profundizar en las necesidades de carácter laboral de las personas afectadas por el VIH y se elaborarán materiales encaminados a que las personas con el VIH conozcan sus derechos y los mecanismos legales, tanto de protección como de denuncia, ante potenciales situaciones de discriminación.