De la Vega reivindica la imparcialidad del Consejo de Estado

La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, ha defendido este miércoles la «objetividad» e «imparcialidad» de esta institución en su labor como órgano consultivo del Gobierno, y ha avisado de que para que esto pueda seguir siendo así, es necesario que «quede al margen de la crispación y el sectarismo».

«Los consejeros y letrados actúan en beneficio de la sociedad, sin partidismos, con el único afán de garantizar la legalidad y los derechos de los ciudadanos, en un extraordinario despliegue de inteligencia colectiva», ha reivindicado durante el acto de presentación de la Memoria del Año 2020, que ha presidido el Rey Felipe VI y en el que también ha estado presente la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

En su intervención, De la Vega ha defendido que el Consejo de Estado actúa «con objetividad e independencia» en sus tareas de «guiar, asesorar y recomendar», y ha dejado claro que ni «deciden» ni representan». «Sino que pensamos», ha apostillado.

EL GOBIERNO A ATENDIDO EL 97% DE SUS RECOMENDACIONES

Eso sí, ha destacado que el Gobierno «no se limita a oír al Consejo» ya que, según los datos de la memoria de 2020, también «lo atiende», ya que «más del 97% de las resoluciones sometidas al Consejo» se han adaptado a sus recomendaciones. «Eso mide la importancia y calidad del trabajo que se realiza», ha enfatizado.

Pero para que esta labor se pueda seguir desarrollando de esta forma, De la Vega ha avisado de que este órgano debe seguir cumpliendo con su deber de «lealtad e imparcialidad» y con su «compromiso democrático», y hacerlo de manera «muy escrupulosa».

«Es necesario, para que el Consejo pueda seguir desarrollando su altísima misión tiene encomendada, que esta institución quede al margen de la crispación y el sectarismo», ha asegurado, en un momento en el que la política española atraviesa un momento especialmente tenso, por la polarización en campaña de las elecciones autonómicas en Madrid y las amenazas contra algunos políticos y miembros del Gobierno.