El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, ha considerado que el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) es «impecable» desde el punto de vista técnico-jurídico, enfatizando la necesidad de superar un «sistema antiguo», si bien ha augurado que encontrará la resistencia de las asociaciones y sindicatos del mundo de la justicia porque trastoca «intereses profesionales».
«Hay una ley, su proyecto, su borrador, que es impecable, en el terreno dogmático no tiene ningún problema», ha dicho Marchena en la cuarta mesa redonda del ciclo ‘Hacia un Nuevo Proceso Penal’, que se ha centrado en el cambio de rol judicial que plantea la nueva LeCrim, del juez de instrucción –función que asumirán los fiscales– a los jueces de garantías y audiencia preliminar, y que ha organizado este miércoles el Centro de Estudios Jurídicos.
Marchena ha sostenido que, aunque «tenemos un sistema de investigación (penal) que funciona», «está afectado de obsolescencia, es un sistema antiguo, un sistema superado», apuntando al derecho comparado, donde predomina el fiscal investigador; a la futura Fiscalía Europea, que otorga las pesquisas penales a los fiscales; y a la legitimación histórica, puesto que «los propios franceses», que idearon el modelo de juez instructor, lo han «abandonado».
Así, ha anticipado que «la dificultad no está en el texto fantástico, en las hechuras técnicas, sino en toda una legislación de acompañamiento que va a enfrentarse al mundo asociativo y también al mundo sindical».
«Hay un problema serio y es el que se deriva de que estás tocando intereses profesionales, espacios de confortabilidad, de seguridad en el trabajo, en tu propia rutina, y eso no es nada fácil», ha señalado.
EXCESO DE PROTAGONISMO
Sobre la posibilidad de «armonizar» de alguna manera las carrera judicial y fiscal de cara a la nueva LeCrim, ha advertido de que «en ocasiones estos puentes de comunicación desde la perspectiva de un ciudadano que se siente hoy perseguido, investigado, por un fiscal que anteayer había concursado a una plaza de juez, pues plantean ciertas suspicacias».
Para Marchena, se ha «desenfocado» el debate, porque se centra en «quién dirige la instrucción» concibiendo con ello el proceso penal como «una sucesión de trámites cuya importancia es quién tiene que practicarlos». «No es eso, es un conjunto de garantías y principios que delimitan la función jurisdiccional y la capacidad del Estado para imponer una pena y privar a un justiciable de una serie de derechos y libertades», ha reivindicado.
En este sentido, ha lamentado que hay veces que los jueces de instrucción «da la sensación de que son apéndices togados de una investigación, que llega un momento en el que el éxito en la investigación, el protagonismo en la investigación, está por encima de los principios que legitiman el ejercicio del ‘ius puniendi'».
Frente a ello, ha instado a fijar la atención no en «quién es el sujeto de los actos procesales, sino cuál es la parcela funcional en la que cada protagonista del proceso encuentra su ubicación más adecuada». A este respecto, ha valorado positivamente la nueva figura del juez de garantías como actor «distante» de la investigación al que el fiscal instructor tendrá que acudir para que le autorice actuaciones que supongan injerencia en derechos y libertades fundamentales.
DEFENSA DEL MINISTERIO FISCAL
Por otro lado, en el marco del debate sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que llevará aparejada la nueva LeCrim, Marchena ha subrayado que «hay pocos órganos tan controlados en el proceso como el Ministerio Fiscal», recordando que un «primer punto de control» es el del propio juez, cuando difiere de Fiscalía, y que también cuenta con «controles intraorgánicos».
En concreto, ha puesto de relieve que hay una Junta de Fiscales de Sala, «para asuntos de gran trascendencia», y «un Consejo Fiscal donde hay una presencia corporativa que incluso hoy en día hay casos en los que se desliza –no digo si por suerte o por desgracia– pero más que hacia lo que es un órgano de asesoramiento a un órgano de fiscalización y hasta de censura» de lo que hace la propia institución.
En este punto, ha vuelto a abogar por mirar al derecho comparado como «referencia». «Creo que nuestro modelo de Ministerio Fiscal, con sus virtudes y sus defectos, con sus protagonistas –los que fueron, los que están y los que vendrán– no es muy distinto del resto de Europa (…) Deberíamos mirar más a nuestro entorno a la hora de detectar síntomas de anomalías que en realidad no son tales», ha afirmado, reconociendo cierta «nostalgia» de su paso por Fiscalía.
