Instituciones Penitenciarias ha remitido un oficio a las direcciones de las cárceles para instarles a «reforzar» los mecanismos ya establecidos de seguridad tanto para la población reclusa como para los funcionarios, especialmente en tres aspectos: la actuación con internos que cumplen condena por yihadismo, a pesar de que subraya que no hay ninguna amenaza concreta, las agresiones ligadas a problemas de enfermedad mental y, finalmente, los suicidios.
En el oficio con fecha de 28 de abril, se recuerda la necesidad de autoprotección y de una «comunicación rápida y fluida entre las áreas de vigilancia y tratamiento» en lo que se refiere a la población reclusa relacionada con delitos de terrorismo yihadista.
«En las últimas semanas se han producido actuaciones judiciales en el interior de los centros penitenciarios en relación a población que pudiera colaborar con grupos radicales yihadistas», recuerda el oficio, en alusión a las seis detenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde diciembre de presos que pretendían reclutar a otros para adoctrinarlos en el ideario terrorista.
NO HAY AMENAZA EXPLÍCITA
El escrito recuerda que «no se tienen datos en la actualidad de que exista una objetivación específica o explícita en nuestro país dirigida al colectivo penitenciario», pero aún así requiere a todo el personal para que sea consciente de la necesidad de «mantener la cautela necesaria al respecto en sus actuaciones profesionales y personales».
Lo mismo ocurre con las agresiones a funcionarios por parte de la población reclusa que sufre problemas de salud mental. En este sentido, en el citado oficio de ‘Informe de balance en materia de seguridad y tratamiento’, correspondiente al primer trimestre de 2021, se mencionan las «pautas de actuación ante las resistencia activas y ante las reducciones físicas de las personas que protagonicen incidentes».
El objetivo, según la institución dependiente del Ministerio del Interior, es que las medidas de seguridad «redunden en una mayor eficacia y menores riesgos tanto para el personal como para la población reclusa». Por este motivo, advierten de que la información sobre la situación tratamental resulta «siempre de un importante interés a la hora de determinar la mejor respuesta desde el área de vigilancia».
El propio secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, aseguró en su última comparecencia en el Congreso que el 30% del total de incidencias estaban relacionadas con la población reclusa que padece enfermedad mental o discapacidad intelectual. No obstante, las agresiones han bajado de las 475 registradas en 2010 a las 176 en 2020, de ellas sólo dos de gravedad. Hasta el 1 de marzo de 2021, se han registrado 26 agresiones, de ellas una ha sido de gravedad.
INFORMACIÓN FLUIDA Y PERMANENTE
El escrito subraya la necesidad de que exista una «información fluida, bidireccional y en permanente renovación» y se remite a una comunicación anterior de fecha 1 de octubre de 2020, relativa a suicidios consumados y tentativas. Se trata de otra problemática que afecta a las prisiones, según subrayan fuentes de la institución: en 2018 hubo 33 suicidios, por 43 en 2019 y 51 en 2020. En lo que va de 2021 se han registrado 11 casos.
El oficio señala que en los suicidios se observa las «mismas variables»: tipo delictivo, situaciones de aislamiento, tentativas o autolesiones previas y trastornos de personalidad, fundamentalmente.
«Mención especial merecen las situaciones de aislamiento derivadas de los protocolos de Covid-19. Esta circunstancia en ningún caso puede significar un menoscabo en la atención tratamental que dichas personas requieran», añade el escrito dirigido a los centros penitenciarios.
Instituciones Penitenciarias concluye instando nuevamente «a reforzar los mecanismos establecidos, siendo de especial relevancia la comunicación rápida y fluida entre las áreas de vigilancia y tratamiento». El objetivo es «reducir al mínimo las situaciones de riesgo tanto para el personal como para la población reclusa».
