El conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Miquel Sàmper, ha condicionado este sábado continuar, alargar o retirar el toque de queda a la evolución de los datos epidemiológicos y a la llegada de vacunas para la semana que viene.
En una entrevista de Rac1, ha dicho que el confinamiento nocturno ha demostrado ser eficaz, pero también que es una limitación de los derechos fundamentales, y que se debe «cambiar el paradigma y mirar hacia delante, porque ya hay vacuna».
Preguntado por si desde el domingo 9 de mayo desaparecerá el confinamiento autonómico en Cataluña, respondido que «era una medida recogida por el estado de alarma, y todas ellas decaen», y ha asegurado que el próximo objetivo es ampliar los aforos.
Aun así, ha remarcado que el Govern está intentando dotarse de instrumentos jurídicos; concretamente, de «un decreto ley a la carta» que prevé que esté listo el próximo martes.
De esta forma, el Govern tomar medidas «de forma rápida si fuera necesario» para proteger a la ciudadanía de un brote al caer el estado de alarma, con la vista puesta en el brote de coronavirus en India.
También están «explorando» la vía de la delegación competencial, que para él sería una solución cómoda y ágil para tomar decisiones, pero que sería solo para tenerla en el cajón, ha dicho textualmente.
POSIBLES DECISIONES DEL TSJC
Ha añadido que, si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) debe tomar decisiones que impliquen recortar derechos fundamentales a partir del final del estado de alarma, «se toman con tres o cuatro días de retraso».
Considera que el estado de alarma es un mecanismo ágil y rápido que permite decidir, pero que ya hay que dejar estas medidas tan restrictivas, que solo deberían estar en el cajón por si llega un brote muy importante, que no debería llegar».
El riesgo que ve es que los tribunales no resolverán igual que en las primeras olas de contagios, porque ahora las administraciones cuentan con las vacunas y, antes de recortar derechos fundamentales, los tribunales pedirán que «aceleren» el proceso de vacunación.
Además, teme que, una vez decaiga el estado de alarma, «determinados colectivos» impugnen ante el TSJC las decisiones que pueda tomar el Govern.
