El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciado que, salvo que el Gobierno central reconsidere su decisión de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, este próximo viernes firmará un decreto para adaptar las medidas preventivas frente al coronavirus a la nueva situación que se producirá una vez decaiga ese instrumento jurídico a partir del próximo lunes.
Urkullu, en declaraciones a los periodistas en una visita a unas instalaciones de Eroski en Vitoria, ha explicado que, si no se producen modificaciones importantes en la situación epidemiológica, el nuevo decreto mantendrá las restricciones actuales, aunque siempre «dentro de la capacidad» que tenga el Gobierno Vasco una vez se pierda la cobertura jurídica del estado de alarma.
En todo caso, el lehendakari ha reiterado su petición de que el estado de alarma se prorrogue y, en referencia a un posible cambio de postura del Gobierno central, ha recordado que aún quedan varios días hasta el 9 de mayo, por lo que permanece «a la espera».
SITUACIÓN «PREOCUPANTE»
Tras recordar que la situación epidemiológica sigue siendo «preocupante» a escala global, ha explicado que el Gobierno Vasco ya está trabajando para hacer «lo que está en su mano» para tratar de asegurar el mantenimiento de unas medidas que preserven la salud «individual y colectiva» en el caso de que se confirme el decaimiento del estado de alarma a partir del 9 de mayo.
El lehendakari ha reconocido que el Ejecutivo autonómico sigue «a expensas» de lo que pueda decidir el Gobierno central, del que depende plantear en el Congreso de los Diputados el mantenimiento del estado de alarma, una medida que ya ha sido descartada por el gabinete de Pedro Sánchez.
De esa forma, ha explicado que el Gobierno Vasco trabajará a lo largo de esta semana en la elaboración de un decreto que entraría en vigor el 10 de abril. El texto tendría el objetivo de adaptar las medidas preventivas frente a la pandemia a una situación en la que ya no se cuente con la cobertura del estado de alarma.
VIGENCIA DE HASTA SEIS SEMANAS
El decreto, que según ha indicado Urkullu debería aprobarse el viernes con el fin de que entrara en vigor el 10 de mayo, contemplaría las medidas que se consideran «eficaces» para evitar contagios, y tendría vigencia para un periodo de entre cuatro y seis semanas, según ha explicado Urkullu.
Aunque la firma de un texto de este tipo corresponde al propio lehendakari, Urkullu ha explicado que, al igual que viene haciendo con el resto de decretos de medidas frente a la pandemia, «compartirá» la decisión con el resto de instituciones representadas en el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (Labi).
NEGOCIACIÓN DE ALTERNATIVAS
El máximo responsable del Gobierno Vasco no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el PNV negocie con el Ejecutivo central una posible alternativa al final del estado de alarma a partir del 9 de mayo.
En todo caso, ha reafirmado que él sigue siendo partidario de la prórroga de este instrumento jurídico, una posición que –según ha destacado– también ha defendido públicamente la formación ‘jeltzale’. Urkullu ha explicado que no se han producido novedades respecto a la petición que dirigió por carta a Sánchez para alargar el estado de alarma.
Además, ha recordado que al igual que ocurriría con las fórmulas alternativas que plantea el PP, cualquier iniciativa que pudiera aprobarse al estado de alarma «no entraría en vigor» antes del 10 de mayo.
REFRENDO JUDICIAL
Respecto a la posibilidad de que el decreto que prepara el Gobierno autonómico ante el previsible fin del estado de alarma deba ser sometido al refrendo de los tribunales de justicia, ha rechazado pronunciarse sobre esta cuestión.
Sin embargo, ha recordado que ya existe la «experiencia» del pasado mes de octubre. En aquel momento, antes de aprobarse el estado de alarma que aún sigue vigente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazó la pretensión del Gobierno Vasco de prohibir las agrupaciones sociales de más de seis personas en lugares públicos y privados, al considerar que esta restricción afectaría al derecho fundamental de reunión y que carecía de cobertura legal
El lehendakari también ha afirmado, ante las peticiones de una «mayor claridad» en los parámetros jurídicos sobre las que se basan las medidas preventivas, que esto es algo que «no corresponde» al Ejecutivo vasco, sino al central, dado que se trata de un debate que afecta a derechos fundamentales.
