viernes, 18 junio 2021 04:42

PSOE, PP, Vox y Cs se unen en el Congreso contra la tramitación de la ley de amnistía

El PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos se han opuesto este miércoles al recurso presentado por ERC, Junts, PDeCAT y la CUP contra la decisión de la Mesa del Congreso de vetar la tramitación de la proposición de ley que registraron en el Congreso para amnistiar a todos los procesados y condenados por la consulta soberanista de 2014 en Cataluña y el proceso independentista del referéndum del 1 de octubre de 2017.

El pasado 23 de marzo, el órgano de gobierno de la Cámara, apoyándose en el informe de los letrados, y con los votos de PSOE, PP y Vox, inadmitió la iniciativa por inconstitucional, lo que llevó a sus promotores a presentar un recurso contra esa decisión. De las cuatro formaciones con asiento en la Mesa de la Cámara, sólo Unidas Podemos, apoyó que se calificara la iniciativa para que, al menos, pudiera debatirse.

La Mesa tiene que decidir sobre ese recurso, una vez recabada la opinión de la Junta de Portavoces, donde el asunto se ha tratado este miércoles. Según han precisado fuentes parlamentarias, socialistas, ‘populares’ y Vox, han mantenido la posición que ya defendieron en la Mesa y a sus tesis se ha unido Ciudadanos.

PODEMOS APOYA A LOS INDEPENDENTISTAS

Así, todas estas formaciones se han posicionado contra el recurso que, con toda probabilidad será definitivamente rechazado la próxima semana por la Mesa de la Cámara. De su lado, Unidas Podemos ha apoyado el recurso, al igual que PNV, Bildu y el Grupo Plural.

Durante la reunión de la Junta de Portavoces, ERC ha defendido los argumentos que junto con Junts, PDeCAT y CUP esgrimen en su recurso, incidiendo en que impedir el debate de su ley supone una vulneración del derecho a la libertad de expresión y en que la misión de la Mesa del Congreso no es entrar a valorar el fondo de las proposiciones de ley, sino únicamente si se ajustan formalmente a lo previsto en el Reglamento de la Cámara.

En este contexto, la portavoz adjunta de ERC, Carolina Telechea, ha recordado que la Mesa del Congreso no puso ningún pero a la tramitación de la propuesta de Vox para reformar la vigente Ley de Partidos Políticos con el objetivo de poder ilegalizar a todas las formaciones independentistas y a las que promovieron el proceso independentista catalán de 2017.

Esa iniciativa, ha recordado Telechea, llegó al Pleno del Congreso el pasado mes de septiembre aunque durante su debate, la mayoría de grupos la tacharon de inconstitucional.

La ley de amnistía pretende amnistiar “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado”, desde el 1 de enero de 2013. Pero los letrados del Congreso desaconsejaron tramitar la iniciativa en la medida que, al suponer un indulto generalizado, “entraría en una contradicción palmaria y evidente” con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que impide autorizar indultos generales. La última amnistía se aprobó en 1977, precisamente como paso previo a las Cortes Constituyentes.

FIRMAS EN VEZ DE RECURSO AL TC

Desde las formaciones independentistas aducen, por contra, que no se trata de un indulto general, sino de una ley de amnistía que, a su juicio, tiene cabida constitucional, igual que sigue vigente la aprobada en la Transición.

El rechazo definitivo de su recurso por parte de la Mesa del Congreso daría vía libre a los independentistas para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La CUP, uno de los firmantes, ya ha descartado la vía de TC y apuesta por la recogida firmas puesta en marcha por Òmnium Cultural con el objetivo de trasladar al Congreso peticiones ciudadanos en apoyo de su ley.

Se trata de una vía de eficacia muy limitada, ya que esas firmas se presentarían en la Comisión de Peticiones de la Cámara, un órgano cuya única función es canalizar ese tipo de iniciativas ciudadanas y enviarlas al estamento de la Administración que considera competente, que es quien decide y comunica su respuesta. En este caso, los escritos podrían acabar en el Ministerio de Justicia, que tampoco acepta la ley de amnistía al considerarla inconstitucional.