El Defensor del Pueblo ha denunciado, en el Informe Anual 2020 que ha hecho público este jueves, las dificultades que existen en España para identificar a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, así como para condenar a los autores de este delito.
Tal y como señala el documento presentado este jueves ante el Parlamento de forma telemática, en 2020 se identificaron a 1.038 víctimas de explotación sexual, frente a las 830 que, según los datos de la Fiscalía General del Estado, se registraron un año antes.
A pesar de este ligero aumento de detección de las víctimas de este delito, la Institución ha mostrado su preocupación por los datos facilitados por la Fiscalía en cuanto al número de condenas, que califica de «escaso».
El Defensor denuncia que en estos casos se producen «una larga instrucción» que, «en muchas ocasiones no acaba con la condena de los autores» por «la compleja estructura típica del delito que no se identifica con un hecho simple»; «su vinculación con el crimen organizado»; o «las especiales características de las víctimas, normalmente extranjeras, que rara vez colaboran.
PIDE UNA RESPUESTA «ÁGIL Y RÁPIDA»
En este sentido, señala que «la urgencia de lograr su liberación» impide en ocasiones «aplicar todas las técnicas proactivas de investigación». Además, reconoce que la necesidad de una cooperación internacional que, en relación con algunos países de procedencia de las víctimas, es prácticamente imposible, también dificulta esta situación.
En este contexto, al que, recuerda el Defensor, hay que sumar la situación de pandemia, la Institución ha alertado de la necesidad de asegurar que aquellas víctimas que entran en contacto con las autoridades reciban «una respuesta ágil y rápida, asegurando que se tomen todas las medidas necesarias para su identificación y protección».
