Expertos en Derecho Administrativo y Constitucional han criticado este viernes que se responsabilice a los órganos jurisdiccionales de adoptar medidas que afecten a derechos fundamentales que le son «impropias» una vez que finalice el próximo domingo el estado de alarma al considerar que debería corresponder a la administración en materia de política sanitaria.
El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha acogido este viernes un encuentro para abordar las claves del nuevo marco jurídico para combatir la pandemia del Covid-19 en una jornada organizada por la Sección de Derecho Administrativo con la colaboración de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR).
El encuentro se produce tras el primer informe emitido por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (TS) ha emitido un primer informe sobre el decreto-ley aprobado esta semana por el Gobierno, para que el TS tenga la última palabra sobre las restricciones sanitarias que adopten las comunidades autónomas tras el estado de alarma.
En el mismo, el presidente de la Sección de Derecho Administrativo del ICAM, Alberto Dorrego, y Alfonso Cuenca, letrado de las Cortes Generales, han protagonizado así una sesión exprés, moderada por la presidenta de ACIJUR, Patricia Rosety, han coincidido en el diagnóstico de una «posible insuficiencia» de este tipo de norma para regular cuestiones que afectan a derechos fundamentales.
Así, ambos han censurado que se deje en manos de los órganos jurisdiccionales una función como esta que le es «impropia» en una especie de «intervención compartida» con la administración «cuando los jueces no son la institución más idónea» para este cometido al tratarse de cuestiones que afectan a política sanitaria.
«El Poder Judicial es reactivo, no proactivo», ha subrayado Alberto Dorrego, que ha recordado que los tribunales «no deberían estar en decisiones de validar cuestiones que afectan a una pluralidad indeterminada» de personas como es el caso de confinamiento o los cierres perimetrales y que se refieren a políticas sanitarias «que deberían adoptar las administraciones» y no «mediante un sistema de validación previa».
En este sentido, han defendido que el debate que se abre debería partir de «la gran pregunta» sobre si las medidas sanitarias a adoptar en la actual situación de la pandemia son las mismas que rigen actualmente o deberían ser otras desde el punto de vista epidemiológico, que debería primar en este sentido.
Así, han planteado que si las medidas a adoptar afectan a derechos fundamentales del individuo como el derecho de reunión en sus viviendas o la limitación de movimientos por los cierres perimetrales, la mejor fórmula jurídica es el estado de alarma.
‘COPARTÍCIPES’ A JUECES DE DECISIONES QUE CORRESPONDE A AUTORIDADES SANITARIAS
Una vez este decaiga se hace «copartícipes» a los jueces de decisiones que corresponden a autoridades sanitarias, ha lamentado Alfonso Cuenca, que ha planteado además de que se use a los tribunales como una especie de Consejo de Estado con carácter consultivo.
En concreto, las autonomías podrán recurrir al Tribunal Supremo las decisiones que adopten los tribunales superiores de Justicia de las autonomías, con el objetivo de que sea el alto tribunal quien unifique doctrina sobre las medidas que puedan adoptar las regiones para luchar contra la pandemia.
Así, han advertido que los 17 tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas resolverán en diferentes sentidos sobre las medidas para poner en valor la declaración del estado de alarma como «riqueza de nuestro bagaje jurídico» a pesar del «concepto peyorativo» que históricamente se le ha podido poner.
En esta línea, han defendido que el Gobierno podría haber aprobado en un plazo relativamente rápido de «unas dos semanas» una reforma legislativa por procedimiento de urgencia en las Cortes para fijar «un punto no sobrepasar determinadas medidas limitativas de derechos individuales».
En cuanto al plazo de cinco días que el Tribunal Supremo tendrá para resolver los recursos que planteen las comunidades autónomas sobre las medidas que adopten contra la pandemia, han explicado que en la práctica será de «entre 15 y 20 días» y han planteado una reforma exprés como existe en materia electoral.
