El Gobierno ha recalcado al PP que la asesora del Ministerio de Igualdad María Teresa Arévalo es personal de confianza de ese departamento, por lo que no se le exige valoración académica, pero en todo caso rechaza hablar sobre las informaciones que apuntan a que fue utilizada como niñera de los hijos de la ministra Irene Montero, un asunto éste por el que el Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid ha ordenado incoar diligencias.
El PP registró una batería de preguntas en el Congreso pidiendo al Ejecutivo todo tipo de detalles sobre Arévalo, como su formación académica y su experiencia laboral y política. Incluso reclamaban su currículum.
¿CUÁLES SON EXACTAMENTE SUS FUNCIONES?
Pero, además, los ‘populares’ querían saber, entre otras cuestiones, las funciones concretas que desempeña en el Ministerio de Igualdad, si ha ejercido como niñera u otras tareas personales ajenas a su cargo y, singularmente, si ha cuidado de los hijos de la ministra u otros altos cargos del Ministerio de Igualdad.
En su respuesta, el Gobierno señala que la Ley del Estatuto del Empleado Público determina que el personal eventual, entre las que se encuentra la citada asesora de Igualdad, realiza funciones «expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial», y que su nombramiento y cese son «libres».
Y que, por esa razón, este tipo de personal «no es objeto de baremo o valoración académica o profesional, al ser su nombramiento libre para el desempeño de una función de confianza o asesoramiento».
El PP también preguntaba al Gobierno si podía negar que María Teresa Arévalo haya ejercido durante el último año como cuidadora de la hija de la ministra Montero y de otros altos cargos del Ministerio de Igualdad.
SON INFORMACIONES «SIN BASE DOCUMENTAL»
Sin embargo, el Ministerio de Igualdad rehúsa entrar a valorar determinadas informaciones publicadas, a su juicio, «sin base documental y sin los medios imprescindibles para su acreditación y credibilidad».
El PP viene pidiendo cuentas al Gobierno por el conocido como ‘caso niñera’ e incluso exigiendo la dimisión de Montero. También ha solicitado una comisión de investigación en el Congreso sobre este asunto pero no encuentra los apoyos necesarios para que su propuesta sea debatida en el Pleno de la Cámara.
