viernes, 25 junio 2021 09:33

El Senado da luz verde a la ley que elimina la incapacidad jurídica de personas con discapacidad

El Pleno del Senado ha dado luz verde, este miércoles a la Ley que elimina la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad con el apoyo de todos los partidos representados en la Cámara alta, a excepción de Vox, ERC y EH Bildu, que ha decidido abstenerse. El texto regresa ahora al Congreso para culminar su aprobación.

Se trata de un texto que se centra en los términos “apoyo” y “respeto a la voluntad, con el objetivo de trasponer a la legislación española las reclamaciones de la ONU recogidas en el Convenio por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El articulado sustituye la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad por una “ayuda técnica” en materia de “comunicación” para adaptar la declaración de voluntad de estas personas a su situación y características individuales.

De esta forma, la representación o sustitución en la toma de decisiones de una personas con discapacidad se mantiene “únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo”.

La norma elimina del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras que, según detalla el texto, no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad.

REFORMA VARIAS LEYES

Además, aborda la institución de la curatela, lo que obliga a modificar las leyes Hipotecaria y del Registro Civil; y se reforma la ley de Enjuiciamiento Civil en relación al ejercicio de las acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia. También la ley del Notariado y la Ley de Comercio se acomodan terminológicamente a estos cambios.

En el debate celebrado en la Camara alta, se ha mantenido el consenso que se registró en la tramitación en la Cámara baja, aunque algunos partidos como ERC o PNV han sido críticos con el PSOE, que tiene mayoría en la Cámara, por cómo ha liderado la negociación de la ley en el Senado.

Tal y como ha denunciado la portavoz de ERC en el debate, Laura Castel, de las 48 enmiendas registradas, 14 se le admitieron a trámite y sólo se había aprobado una por transacción. “Qué incentivo tenemos para aprobar este texto”, ha preguntado la senadora, antes de reprochar a los socialistas que el consenso y las transacciones las han hecho “consigo mismos”.

De este modo, y aunque los independentistas han señalado que no se pueden oponer a esta norma, sí han criticado que no se haya permitido debatir y negociar en el senado propuestas que ya habían sido rechazadas en el Congreso. Finalmente, el grupo que comparten con EH Bildu ha decidido abstenerse en la votación.

A esta misma actitud se ha referido la representante del PNV, María Rosa Peral, quien ha recordado a los socialistas que también ellos han registrado decenas de enmiendas tras el trámite en la Cámara baja. “Esto es un sistema bicameral”, ha apuntado la senadora, quien ha indicado que su objetivo es “intentar” que se aprueben la mayoría de medidas que ellos consideran que mejoran el texto, además de haber “otras mayorías” que en el Congreso.

TRAMITACIONES POR URGENCIA

A estas críticas, el portavoz del PSOE en esta materia, José Aurelio Román, ha respondido que el objetivo de su formación, con mayoría absoluta en la Cámara, era “mantener” y “ampliar” los acuerdos que esta norma ha obtenido durante su tramitación y ha señalado que las enmiendas rechazadas lo han sido, efectivamente, por haber sido ya rechazadas en el Congreso, pero también por que se apartaban del sentir de la mayoría del Pleno o, en el caso de algunas de las de Vox, según ha explicado, “se apartaban del espíritu propio de la norma”.

Aunque en otra materia, el PSOE también ha sido criticado por Junts. En este caso, ha afeado su costumbre de llevar leyes debate por el procedimiento de urgencia, una situación que, especialmente para los grupos más pequeños, impide un análisis tranquilo del texto y la presentación de enmiendas.

Así, ha celebrado que, en este caso, no haya recurrido a este tipo de trámite y que los ponentes se hayan podido “reunir más de una vez” para tratar el texto y se haya conseguido un “buen tono y clima de consenso” entre los políticos sobre esta materia.

El resto de formaciones que han apoyado el texto han puesto también en valor este acuerdo casi generalizado y los objetivos que va a alcanzar la ley. “No seremos noticia pero esto es política con mayúsculas”, ha reconocido el portavoz de Ciudadanos en materia de discapacidad, Tomás Marcos, que ha destacado el paso que da España hacia una sociedad “más inclusiva, igualitarias y respetuosa con la diversidad”.

VOX TAMBIÉN SE ABSTIENE

Desde el PP, los senadores Miguel Lorenzo y Violante Tomás, han llamado a realizar una “labor de pedagogía” para que los profesionales de la justicia, procuradores, registradores o graduados sociales lleguen a un “cambio de mentalidad” en cuanto al “respeto” de las personas con discapacidad. También han destacado el paso que ha dado el país para adaptarse al Convenio sobre los derechos de este colectivo.

El representante de Más País, Eduardo Fernández Rubiño, por su parte, ha celebrado que haya sido la Comisión de Discapacidad y no la de Justicia quien haya tramitado esta iniciativa; mientras que su homólogo de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, ha calificado el día como “histórico” ya que, España a través de esta ley podrá hacer “realidad” muchas de las “esperanzas” del colectivo.

Por su parte, Vox ha decidido abstenerse en la votación. Según ha defendido su senador José Manuel Marín, esta norma no da cuenta debida de “la tradicional distinción” entre capacidad jurídica y la capacidad de obrar. A su juicio, “la dignidad” de las personas con discapacidad “no sufre porque su capacidad jurídica se vea limitada” y cree que se podría haber cumplido con la Convención de la ONU con otra interpretación.

Finalmente, ERC ha reclamado al Senado y al Congreso que una vez aprobada esta norma se reproduzca en su versión de lectura fácil y en braille y que se difunda entre las organizaciones que trabajan directamente con las personas con discapacidad.