La Fiscalía de Madrid ha solicitado que se ratifiquen las medidas acordadas por la Consejería de Sanidad para reducir el aforo al cincuenta por ciento en los lugares de culto o para realizar pruebas PCR con 72 horas de antelación a las personas que ingresaran en un centro residencial o a las trabajadores de las mismas que regresaran vacaciones o de un permiso.
Así consta en un remitido a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a instancias de la petición del letrado de la Comunidad de Madrid en el que instaba a la ratificación de las medidas y condiciones para el desarrollo en lugares de culto o para la celebración de ceremonias nupciales u otras, ya sean religiosas o civiles, donde no se puede superar el cincuenta por ciento del aforo.
Del mismo modo, pedía la ratificación de las medidas para realización de pruebas PCR a todos los nuevos ingresos en los centros residenciales con 72 horas de antelación como máximo, así como a todos los trabajadores que regresaran de permisos y vacaciones o a los nuevos que se vayan a incorporar.
En el primer supuesto, la Fiscalía sostiene que la ratificación solicitada contiene una «suficiente» motivación relacionada con la salud pública fundada, «principalmente», en la tasa de brotes en estas actividades religiosas y de culto y, sobre todo, «en la alta tasa de contagios en progresión alcanzando a 14 días 375,7 casos /100.000 habitantes, superando en mucho los 150 que el Consejo Europeo (ECDC) califica como riesgo muy elevado».
En concreto, recuerda que en las actividades religiosas la tasa de brotes se argumenta con la «importante» concentración de personas que se produce y en que «se incrementa o se puede incrementar el riesgo con los cánticos, rezos o determinados ritos con interacción social».
De ahí que en el escrito se subraye que la limitación o restricción del derecho fundamental «es de una entidad acorde con las exigencias de salud públicas».
INFORME DE SALUD PÚBLICA
No se olvida tampoco de que en el informe de Salud Pública se reseña que en los centros residenciales hay personas que aún no han podido vacunarse o que la vacuna no les ha proporcionado la suficiente y que incluso son instalaciones donde, además, se alojan personas que conviven, interactúan y comparten medios e instalaciones «por los que debe protegerse el interés general».
Respecto a si la prueba diagnóstica del PCR afecta a un derecho fundamental como es la intimidad, la Fiscalía entiende que es una medida «adecuada», «proporcionada» y «necesaria» para prevenir la propagación del COVID en un colectivo de personas vulnerables «expuestas a un riesgo cierto y grave que requiere una estrategia de detección precoz de vigilancia y control».
Al tiempo asegura que hacerse este tipo de pruebas «se ha convertido con frecuencia y, sobre todo en ciertos ámbitos, en un deseo más que en una obligación para preservar la salud».
También pone de manifiesto que resulta «obvio» decir que los reconocimientos o pruebas analíticas, que además causan «escasas» molestias, son «imprescindibles» para verificar si el estado de salud constituye un peligro, no solo para el propio interesado, sino también para el resto de los trabajadores o personas que permanecen en esos centros.
NINGÚN INGRESO SIN PRUEBA DIAGNÓSTICA
«Si esto es así en situaciones ordinarias y en el marco de prevención de riesgos laborales, con mayor razón en caso de pandemia lo pueden establecer las autoridades autonómicas», añade.
Por último, el escrito incide en que ante una situación de pandemia aún no superada, «nadie debe ingresar en un centro residencial sin hacerse obligatoriamente la prueba diagnóstica, y más aún cuando el ingreso lo es en un centro en el que conviven personas de alta vulnerabilidad mostrada en las trágicas cifras de fallecimientos ocurridos hasta el presente, que son de dominio público».
Por el mismo motivo, como es el de la vulnerabilidad de los residentes y las cifras de contagios que se registran en la actualidad, esgrime que «es obvio que los trabajadores nuevos o que regresan de vacaciones o permisos deben evitar los riesgos a este colectivo vulnerable haciéndose asimismo la prueba PCR».
