La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo trabaja para tener a punto su informe sobre los indultos solicitados por los condenados por el ‘procés’ independentista en Cataluña a finales de este mes de mayo, han señalado fuentes jurídicas, lo que supondrá que el Gobierno ya tendrá las manos libres para adoptar una decisión al respecto.
Se presentaron al menos siete peticiones de indulto a favor del ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; los ex consejeros Bassa, Forn, Rull, Romeva, Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó –estos tres últimos condenados por desobediencia–; los ‘Jordis’; y Forcadell. Algunas de ellas se refieren a todos los condenados y otras solo a algunos.
El indulto referido a Junqueras –condenado a 13 años por sedición y malversación de caudales públicos– fue presentado por varios internos de la cárcel de Lledoners donde cumple su pena, el presidente del partido Justicia Económica y Social (JES) Sergio Querol, el jurista Francesc Jufesa y otro particular, Juan Andrés Arnáiz Cabezas, quienes pedían el indulto total o parcial mediante la reducción de la pena de prisión impuesta o la sustitución de esta por pena de inhabilitación.
El trabajo del tribunal enjuiciador se viene acelerando desde la semana pasada, cuando se conoció que las defensas de Junqueras y de otros condenados ni siquiera contestarían al requerimiento del informe sobre sus indultos realizado por el Tribunal Supremo (TS), que les había dado la posibilidad de que alegaran lo que consideren conveniente acerca de esta petición. Se trataba de un requerimiento de cortesía del alto tribunal, ya que la Ley del Indulto no contempla este trámite.
La Sala de lo Penal explicó que había decidido escuchar lo que tuviera que decir cada condenado porque las peticiones no proceden de ellos, sino que están promovidas por «terceras personas e instituciones».
ES EL ÚLTIMO INFORME PENDIENTE
El Supremo ha recabado los informes requeridos por el trámite del indulto. Tiene ya en su poder el de los servicios penitenciarios, el de la Fiscalía y el de la Abogacía del Estado, tras lo cual deberá emitir el suyo propio y enviarlos todos al Ministerio de Justicia, que los estudiará para adoptar una posición que llevará al Consejo de Ministros.
La Fiscalía se ha opuesto a la concesión de la medida de gracia, debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación.
La Abogacía del Estado, por su parte, ha rehusado pronunciarse a favor o en contra de los indultos, por considerar que es una decisión que compete al Gobierno, si bien ha destacado que el «perjuicio económico» provocado con el referéndum independentista del 1-O estaría reparado.
Sin embargo, ninguno de estos informes es vinculante para el Gobierno, que tiene la última palabra sobre los indultos. La concesión, en caso de producirse, corresponde al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció en una comparecencia parlamentaria del pasado 23 de septiembre que los indultos solicitados a favor de los condenados por el ‘procès’ comenzarían a tramitarse la semana siguiente y, en una entrevista concedida el 30 de diciembre a Rac1, auguró que terminarían en el primer semestre de 2021, por lo que el asunto discurre en los plazos previstos inicialmente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
