Dos políticos municipales, un exalcalde y un exconcejal de municipios de la provincia de Valencia, se encuentran entre los 14 arrestados en la operación Azud por presuntamente cobrar mordidas para favorecer adjudicaciones urbanísticas, según han confirmado fuentes conocedoras del caso.
En total, en la segunda fase de la operación Azud, que se instruye en el Juzgado número 13 de València junto a Fiscalía Anticorrupción, se han detenido a 14 personas por presunta corrupción urbanística.
La operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se desplegó ayer por varios puntos de la geografía española –Valencia, Alicante, Madrid, Tomelloso e Ibiza–, donde se practicaron diferentes registros para intervenir documentación. Hoy continúan los registros en diferentes sedes y domicilios.
Uno de los primeros detenidos a primera hora de la mañana fue el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio, a quien la delegada del Gobierno, Gloria Calero, cesó de manera fulminante tras conocerse su detención en su domicilio. El PSPV también le suspendió de militancia.
Así mismo, los agentes detuvieron a Alfonso Grau (PP), mano derecha de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá. Ambos están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras.
Junto a ellos, otro de los detenidos que presuntamente tuvo un papel destacado en la trama fue el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, puesto que al parecer intermedió entre los políticos y uno de los empresarios arrestados, el constructor Jaime Febrer, quien fue localizado ayer en Ibiza.
Además, la UCO detuvo a otras 10 personas más, entre ellas la hija de Grau, un exalcalde y un exconcejal de municipios de la provincia de Valencia. Se investiga si Grau pudo cobrar alrededor de un millón de euros en mordidas y Rubio otros 300.000 euros. También hubo cuantiosos regalos por parte de empresarios a cargos públicos.
Se trata de la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de València investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de València habrían realizado.
La causa, que arrancó en 2017 y permanece secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.
