El consejero de Vivienda y Administración Local en funciones, David Pérez, ha cargado este viernes contra el reparto «arbitrario y desigual» entre las Comunidades Autónomas de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a el transporte.
Durante su participación en la Conferencia Sectorial de Transportes organizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y celebrada de forma telemática, el consejero madrileño ha lamentado que el reparto de estos fondos europeos derivados de la crisis de la Covid-19 se han llevado a cabo de manera desigual y con criterios arbitrarios.
«Exigimos un reparto equitativo de esos fondos, pero también un reparto suficiente porque a las comunidades autónomas pretenden asignarle solamente 1.000 millones de euros, lo cual significa que a la Comunidad de Madrid nos corresponderán aproximadamente 100 millones», ha explicado el consejero.
En este sentido, Pérez ha subrayado que los proyectos presentados para mejorar el transporte en la Comunidad de Madrid ascienden a más de 7.000 millones, por lo que ha denunciado la absoluta insuficiencia de los fondos.
En concreto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE destina para el transporte un total de 11.200 millones de euros, lo que supone aproximadamente el 16% de los 70.000 millones de euros del primer tramo de financiación que le corresponde a España.
De esta cantidad, las ayudas para las Comunidades Autónomas ascienden únicamente a 1.010 millones de euros, a los que hay que sumar 500 millones de euros más que gestionará la Comunidad de Madrid para destinarlas a las operadoras privadas, lo que supone igualmente, una cantidad a repartir absolutamente insuficiente.
«A la Comunidad de Madrid, empleando un criterio poblacional, le correspondería aproximadamente el 12% de estos 1.010 millones de euros. Con estos datos en términos globales significaría que la Comunidad percibiría unos 181 millones de euros (121 millones directos para la gestión de la Comunidad y 60 millones para la gestión de los operadores privados) de los 11.200 millones totales destinados a la partida de Transporte, es decir un raquítico 1,6%. Mientras tanto el Plan destina a las entidades locales 1.500 millones de euros, poniendo de manifiesto el reparto desigual de los fondos entre Administraciones», señala Pérez.
Entre otras cuestiones, el Plan de Recuperación no contempla el modelo de Madrid para las ayudas a entidades locales al tratarse de un modelo integrado administrativamente donde el Consorcio Regional de Transportes asume todas las competencias del transporte público en los 179 municipios de la región, con lo que debería de ser el beneficiario directo de estas ayudas.
Entre otras deficiencias, el gobierno madrileño también alega que el plan no contempla cuál será el comportamiento que se tendrá con los distintos Consorcios de transportes que hay en las comunidades, además de un mal reparto teniendo en cuenta que el Metro representa el 40% de la movilidad total de la región, mientras que Cercanías tan solo representa el 12%.
La Comunidad considera así que el reparto de fondos queda en entredicho al entrar en colisión nuevamente los 1010 millones de euros de ayudas para las Comunidades, frente a los 1.500 millones de euros que se destinarían a actuaciones en Adif-Renfe, Cercanías Madrid.
«La red de Metro en la Comunidad mueve hasta cinco veces más viajeros que Cercanías. Es necesario que las inversiones en transporte ferroviario se distribuyan acorde al número de viajeros transportados, con independencia de quien ostente la titularidad de la red», ha señalado el consejero.
En cuanto a los proyectos susceptibles de ser financiados, la Comunidad de Madrid ha trabajado atendiendo al Reglamente de la Unión Europea, enfocando sus propuestas hacia proyectos transformadores que se centren en la lucha contra el cambio climático, la digitalización, la cohesión territorial o la igualdad.
«Las Comunidades han presentado propuestas que alcanzan los 25.000millones de euros en proyectos de inversión, de los que 7.000 millones de euros corresponden a Madrid. Se han generado unas expectativas a los Gobiernos regionales muy superiores a los establecidas en los documentos que disponemos en la actualidad», ha explicado Pérez.
PLAZOS DE EJECUTIVO
También ha censurado el criterio «dispar» sobre los plazos de ejecución ya que para las inversiones directas de las Comunidades Autónomas donde se encuentran los proyectos de Metro de Madrid, estos tienen un plazo máximo de ejecución hasta diciembre de 2023 (2024 para la liquidación definitiva), mientras que las actuaciones de Mejora en la Calidad y Fiabilidad en el Servicio de Cercanías Ferroviarias permiten alargar los plazos de ejecución hasta agosto de 2026.
«Reclamamos el mismo tratamiento siendo Metro el medio de transporte que lidera la movilidad en la región, es lógico que contemos con la misma prórroga que Renfe-Adif, alcanzando el año 2026, tal y como prevé el Reglamento Europeo que regula los fondos», ha concretado.
En la misma línea, ha defendido que también deben de definirse las cantidades subvencionables que se presentan en una amplia horquilla que oscila entre 20% y el 100% de los proyectos. En su opinión, no queda claro en el Plan quién concreta el porcentaje si las Comunidades Autónomas o el Ministerio, ni el momento en el que se estipularán las cantidades subvencionables tal y como ocurre en otro tipo de ayudas de fondos europeos.
Por último, el consejero madrileño ha defendido que en la distribución que se lleve a cabo para determinar la cuantía que le corresponda a cada Comunidad Autónoma para llevar a cabo estas líneas de ayuda se debería de valorar tanto el número de empresas de transporte que pueden resultar beneficiarias de las ayudas como el número de autorizaciones que se encuentran adscritas a los vehículos destinados al transporte, tanto de mercancías como de viajeros.
La Comunidad de Madrid cuenta con 11.419 empresas de transporte de mercancías, de las que 4.789 son titulares de autorizaciones de transporte de mercancías, 915 titulares de autorizaciones de operadores de transporte y 301 de empresas titulares de autorizaciones de transporte de viajeros en autobús, domiciliadas en su territorio.
