El secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, ha indicado este martes que el PSOE se abstendrá en la votación sobre la tramitación de la Ley Trans que se debate este martes en el Pleno del Congreso, con lo que esa falta de apoyo condena la iniciativa a la derrota ante una previsible oposición del PP y de Vox. El motivo, según ha dicho, es que el texto «mejorable» y necesita seguridad jurídica.
Las formaciones que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, además de CUP, PNV y Ciudadanos, ya han adelantado su voto a favor a este texto, que también cuenta con el apoyo de Unidas Podemos. Ante el previsible voto en contra de PP y Vox al texto, la abstención del PSOE no permitiría tramitar la ley.
En su intervención, Simancas ha defendido el «firme e inquebrantable» compromiso de los socialistas en las Cortes con «los derechos de las personas trans» y con su «protección» antes los ataques y discriminación que sufren. «Somos la formación política que más ha hecho por el colectivo y lo seguiremos siendo», ha declarado.
Sin embargo, apunta que el Gobierno ya está trabajando en «su propia legislación» en esta materia que, a su juicio, necesita medidas tomadas «con pleno rigor y plenas garantías jurídicas» ante la previsión de que los partidos de la derecha lo recurran ante el Tribunal Constitucional.
ALTERNATIVA A LA LEY DEL CONGRESO
«Esta proposición de ley es mejorable», ha apuntado el diputado, que se ha referido específicamente a la «seguridad y garantía jurídica» del mismo.
El texto que se lleva a debate este martes al Congreso es una ley registrada por ERC, Junts, Nueva Canarias, Compromís, CUP y Más País como alternativa al texto redactado por el Ministerio de Igualdad y que, según denuncia el propio departamento de Irene Montero, el PSOE lleva «bloqueando» durante meses para su aprobación en el Consejo de Ministros.
Los socialistas se han mostrado en contra de esta iniciativa por la inclusión en su articulado de la autodeterminación de género. El principal partido en el Gobierno considera que el género no existe, sino que es una «construcción social» que se forma a través de los «roles sociales y culturales» y los «estereotipos» que se asignan a hombres y las mujeres de manera diferenciada.
La vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha alertado en estos meses de la «inseguridad jurídica» que esta medida puede tener para «los 47 millones de españoles» y ha denunciado que el texto supone el «borrado» de las mujeres y de los derechos por los que estas llevan luchando siglos.
