Todos los grupos del Congreso, menos Vox, han apoyado este jueves la aprobación del proyecto de ley por el que se elimina la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad, derogando términos y figuras como la tutela, la curatela, la patria potestad prorrogada o la patria potestad rehabilitada, entre otras.
Lo hace a través de la reforma de las leyes Hipotecaria, del Registro Civil, de Enjuiciamiento Civil y Ley de Notariado. De esta forma, se modifican acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia.
Tal y como recoge la exposición de motivos del texto, esta iniciativa no busca «un mero cambio de terminología» para convertirse en un texto «más preciso y respetuoso», sino que quiere modificar «el enfoque de la realidad» para que este sea «más acertado» y «advierta» sobre situaciones que, hasta ahora, habían pasado «desapercibidas», como que «las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones».
Es por ello que el articulado de este proyecto de ley sustituye la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad por una «ayuda técnica» en materia de «comunicación» para adaptar la declaración de voluntad de estas personas a su situación y características individuales.
De esta forma, la representación o sustitución en la toma de decisiones de una personas con discapacidad se mantiene «únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo».
Tanto el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como su homóloga de Derechos Sociales, Ione Belarra, han declarado ante el Pleno para mostrar su satisfacción por la aprobación de esta iniciativa. «Por fin se garantiza la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad», ha celebrado Belarra, mientras Campo la ha calificado como una norma «justa», «social» y «digna».
UNA POLÍTICA DE «ARRIMAR EL HOMBRO»
El titular de Justicia, que ha agradecido la colaboración y el impulso de las organizaciones y entidades de personas con discapacidad, ha destacado, también la tramitación de esta norma por la que, ha indicado, se demuestra que «hay una nueva forma de hacer política», basada en «la fórmula del acuerdo político y de arrimar el hombro».
El ministro destacaba así el ambiente que se ha vivido durante el debate, en el que se ha destacado el consenso, el trabajo conjunto y los logros obtenidos para sacar adelante esta norma.
El único partido que se ha mostrado crítico con el texto es Vox. Su portavoz en este debate, Rocío de Meer, ha señalado que la ley está basada en «un tremendo y gigante error»: pensar que «la dignidad de la personas reside en la voluntad». «El espíritu de este proyecto de ley es erróneo», ha declarado, para señalar que solo su formación cree en que la dignidad «es inherente al ser humano».
«Hay personas con discapacidad limitativa hasta el extremo, para los cuales es un logro pestañear y su dignidad es exactamente igual que la de ustedes», ha apuntado De Meer. «Es un error que gran parte de estas políticas estén basadas en esta dignidad fundamentada en la capacidad y la voluntad», ha insistido.
«Usted no ha participado, no ha colaborado», le ha reprochado a De Meer la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, que, al contrario que la representante de Vox, se ha mostrado muy «orgullosa» del trabajo realizado con este texto y que se ha producido, según ha explicado, «con mucho debate» y con «mucho escuchar a expertos y a personas con discapacidad».
EL PSOE RECOMIENDA A VOX «TIEMPO» Y «TRABAJO»
Moro ha destacado que esto es una «reforma» que trata sobre «el derecho de las personas» y que supone «un paso más» en un proceso que, ha indicado, comenzó con la Constitución. La diputada del PP ha indicado que esta ley será comprendida de mejor manera por las mujeres que, en 1975, consiguieron «el derecho a disponer de su patrimonio, de actuar en el tráfico jurídico», porque «tenían limitada su capacidad, como la han tenido las personas con discapacidad, hasta ahora», ha apuntado.
También el portavoz del PSOE en esta materia, Miguel Ángel Caballero, ha asegurado que no había visto a la diputada de Vox en los trabajos para realizar esta ley y ha recomendado a la formación de Abascal «tiempo» y «trabajo».
El socialista ha recordado que esta iniciativa comenzó con un Gobierno de otro signo y se impulso en el actual y ha celebrado que la política, este jueces, haya «pasado de la bronca a la cooperación» y de «un campo de combate» a un «campo de colaboración». «Lamento que Vox quiera salirse de nuevo de esta foto», ha declarado, antes de agradecer a todos los portavoces de los grupos su trabajo y, especialmente, a la representante de los ‘populares’.
El resto de grupos ha reconocido también el diálogo conseguido en esta iniciativa. Desde el PNV, su portavoz en materia de Justicia, Mikel Legarda, ha señalado también que esta ley supone una «evolución» en el concepto de discapacidad «situándola en le ámbito de los derechos sociales y los derechos humanos».
Su homóloga de Ciudadanos, Sara Giménez, ha celebrado que el Congreso esté «votando avance» con este texto que, ha indicado, tiene «un enfoque con perspectiva de derechos humanos» que «respeta la autonomía» del colectivo en su toma de decisiones. «Estamos dando una gran respuesta a la diversidad social», ha insistido.
El representante de PdCAT, Genís Boadella, habla de un «enfoque moderno» en esta ley que, a su juicio, será «semilla» para la nueva legislación que pueda venir en el futuro; mientras que su homólogo de Junts, Josep Pagès, ha indicado que esta medida pone «a prueba» la «capacidad de adaptación» de los ciudadanos para
Para la portavoz de Unidas Podemos en este debate, Marisa Saavedra, esta norma que sale adelante hace a España un país «más digno y justo».
