La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, ha acordado este miércoles prisión para tres de los nueve detenidos en la operación de la Unidad de Central Operativa de la Guardia Civil contra la mafia china. A todos ellos se les atribuyen hechos que puede ser constitutivos de los delitos de fraude a la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental.
Fuentes jurídicas señalan que a los tres que van a prisión también se les atribuyen los delitos de prostitución y explotación sexual, y que a dos de ellos también un delito contra la salud pública. El resto de las personas que pasaron este miércoles a disposición judicial han quedado en libertad pero con al medida cautelar de la retirada del pasaporte.
Este mismo martes, Tardón interrogó a los dos que fueron detenidos en Barcelona y acordó dejarles en libertad e investigar si efectivamente les robaron su documentación para posteriormente utilizarla sin su conocimiento.
Esta operación de la UCO se conoció el lunes, cuando se realizaron una treintena de registros principalmente en Madrid, incluyendo el polígono de Cobo Calleja. Según las fuentes consultadas, el operativo tiene que ver con la salida de fondos ilícitos al extranjero a través de empresas instrumentales, muchas de ellas textiles, y se calcula que la cantidad blanqueada podría ser superior a los 100 millones de euros.
Además, ha trascendió que esa salida de fondos iría con destino a China y Hong Kong y que la trama operó entre los años 2000 y 2017. Si bien la mayoría de las entradas y registros se realizaron en la Comunidad de Madrid, también se produjo alguno en Cataluña.
PARALELISMOS CON EMPERADOR
El método usado por esta trama recuerda al de Gao Ping en sus actividades ilícitas. Fue en 2020 cuando el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dictó auto en el que proponía juzgar a un total de 105 personas en la causa denominada ‘operación Emperador’. Ya entonces Calama apuntó que la macroorganización criminal liderada por ese ciudadano chino tenía por objeto llevar a cabo una «actividad sistemática» de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012.
Al igual que ahora, en esa ocasión el polígono Cobo Calleja jugó un papel importante en la trama porque era una de las vías que se utilizaba para el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, explicaba el magistrado. Consistía en la recogida de dinero centralizada en ese polígono, en el municipio madrileño de Fuenlabrada, para su posterior remisión hacia el exterior fuera de los cauces legalmente establecidos.
