La candidatura para liderar Podemos que abandera la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, propone para el futuro código ético de la formación la posibilidad de eximir a miembros del partido del compromiso de renunciar al cargo público o interno en caso de condena o procesamiento, si se producen en el marco de un «contexto de acoso judicial con intenciones políticas».
También se contempla la opción de valorar lo que popularmente se conoce como ‘lawfare’ (término inglés que alude a la ‘guerra jurídica’ con fines políticos) en lo referente al postulado de prescindir del aforamiento judicial.
Así lo recoge la candidatura de Belarra, bajo el lema ‘Crecer’, en su ‘documento ético’, que describe los preceptos que deben cumplir los miembros del partido, presentado a la cuarta Asamblea Ciudadana de Podemos y que se someterá para su debate ante las bases de la formación.
Al igual que el código aprobado en Vistalegre III, la candidatura de la ministra traslada el compromiso de renuncia «al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura para dichos cargos, en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que, a tal efecto, publicará la Comisión de Derechos y Garantías».
En cualquier caso, la propuesta ética especifica que ese reglamento incluirá «siempre los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores, los ecológicos y los urbanísticos».
Esta obligación, tal y como detalla el documento que se somete a la consideración de la militancia, deberá aplicarse «en cumplimiento de la legislación vigente mientras esta se intenta modificar desde los correspondientes legislativos y con las matizaciones necesarias cuando exista un contexto de acoso judicial con intenciones políticas (lawfare) y alejado del derecho».
TAMBIÉN SE ABRE ESA POSIBILIDAD PARA MANTENER EL AFORAMIENTO
Esa referencia a la salvedad de un posible caso de «acoso judicial», que hasta ahora no figura en el código ético vigente, también se incluye ante el compromiso para los miembros del partido a renunciar «a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de su condición y al acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial».
Este viernes el Tribunal Supremo decidió abrir juicio oral al diputado Alberto Rodríguez por presuntos delitos de atentado a agentes de la autoridad y leve de lesiones a un policía durante una protesta en La Laguna (Tenerife) en 2014. Al respecto, fuentes de la formación morada aludieron a que la causa se trataba de un «claro montaje» y que se sentaría en el banquillo «sin una sola prueba» en su contra.
Una posición que trasladó también el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, para quien este procedimiento se sustentaba en una «acusación falsa».
En la formación morada también fueron críticos con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que condenó a la coportavoz estatal y diputada en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a 19 meses de prisión, al determinar que participó en los altercados que se produjeron en el barrio madrileño de Lavapiés durante un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014.
Precisamente el Tribunal Supremo celebró el pasado 18 de mayo una vista pública vista pública para abordar el recurso de casación presentado por Serra y sobre el que tiene que pronunciarse.
Recientemente, el cofundador de Podemos y politólogo, Juan Carlos Monedero, enmarcó su imputación en el denominado caso Neurona a la «guerra jurídica» contra Podemos. Y es que en el partido ya se argumentó que esta causa suponía una «investigación prospectiva».
