El PRC pide una nueva comparecencia de Ribera y Planas en el Senado sobre la protección del lobo

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha solicitado que comparezcan de nuevo en el Senado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, para que expliquen el «cambio de rumbo» del Gobierno al fijar el 25 de septiembre como fecha límite para que entre en vigor la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Especial Protección (LESPRE).

Asimismo, ha pedido la intervención del consejero cántabro de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC), para informar de las consecuencias que tendrá esta decisión para la cornisa cantábrica y para Cantabria en particular.

Estas comparecencias se han solicitado tanto en la Comisión de Agricultura como en la de Transición Ecológica del Senado, según han anunciado este viernes en rueda de prensa el senador autonómico del PRC, José Miguel Fernández Viadero, y el consejero Guillermo Blanco.

La intención es que los ministros expliquen por qué se ha fijado la inclusión del lobo en el 25 de septiembre si Ribera anunció que la decisión se dejaría «en pausa» hasta establecer un acuerdo con las cuatro comunidades más afectadas: Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que acogen el 95 por ciento de la población del lobo en España.

Los regionalistas creen que imponer esa nueva fecha límite cuando «no se ha llevado a cabo ninguna negociación» es un «cambio de criterio» del Ejecutivo central, al que piden que «vuelva a la senda de diálogo que abandonó hace tiempo» el Ministerio que lidera Ribera, rompiendo por «primera vez» el «consenso histórico» desde el que se han tomado hasta ahora las decisiones «de este calado».

Asimismo, ven «incoherente» la posición de Planas, que se presentó como «intermediario» en el conflicto pero «la realidad dice que no ha defendido» la postura del medio rural.

Ambos ministros comparecieron ya conjuntamente en el Senado el 25 de febrero, pero «se fue a explicar y no se explicó nada», según Fernández Viadero, que asegura que el PRC fue el partido «más crítico».

El senador ha indicado que la Comisión de Agricultura debatió ayer una moción del PSOE en defensa de la ganadería extensiva, ante la que el PRC propuso una enmienda para retirar la protección del lobo que los socialistas rechazaron. «Parece mentira que traigan iniciativas para defender la ganadería» y no acepten esta propuesta, porque «así se ayuda verdaderamente al sector, no con palabras huecas», ha sentenciado.

En este sentido, tanto el senador como el consejero han insistido en que en Cantabria «no queremos exterminar al lobo» y han pedido no utilizar un «lenguaje demagogo» hablando de caza, porque «no existe la caza deportiva» de esta especie, sino que son los profesionales los que hacen esta «extracción», en ocasiones acompañados por las cuadrillas, con el objetivo de llevar a cabo un «control y equilibrio» para que conviva con el medio rural.

«Lo que no queremos son ganaderos que se dediquen a criar alimento para el lobo», han dicho, recordando que «decenas» se encuentran a diario reses muertas, porque el lobo «ha ocupado espacios en los que antes no estaba».

Por ello, «el camino iniciado por el Ministerio ha de pararse», ha remarcado Blanco, recordando que los consejeros del área de las cuatro comunidades afectadas mantuvieron una reunión este martes en León en la que acordaron acudir al Tribunal Supremo en caso de que el Gobierno siga adelante con su intención de proteger al lobo y prohibir su caza en el conjunto del país.

Para evitarlo, ha pedido de nuevo crear una mesa de trabajo para que se haga un censo y conocer si la especie está en peligro y hay que protegerla o por el contrario está en expansión, como defienden estas comunidades.

«En Cantabria no vamos a dejar que nos avasallen», ha sentenciado tras criticar el «atentado a la lealtad institucional y a la ganadería» que supone esta protección del lobo y el «desprecio» del Ministerio a los afectados, ya que «no ha respondido» a los informes técnicos remitidos, a la carta abierta firmada por diez comunidades o a la unanimidad del Parlamento cántabro, además de que tomaron la decisión con sus votos «aquellas comunidades que no tienen manadas de lobo».