UGT reclama a la UE una política migratoria que respete los derechos humanos

El sindiacto UGT ha reclamado este jueves a la UE una política migratoria que esté basada en el respeto a los derechos humanos y que impulse la corresponsabilidad entre los estados miembros en esta materia.

UGT hace esta petición tras conocer el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, sobre la ausencia de protección de los derechos humanos de los migrantes en Libia, ya sea en tránsito por ese país, durante su estancia en él o cuando intentan abandonarlo por la ruta del Mediterráneo Central.

El documento responsabiliza de esta situación a las decisiones políticas y medidas adoptadas por las autoridades libias, las instituciones de la Unión Europea y sus Estados Miembros, entre otros actores.

Desde el sindicato advierten de que la política migratoria comienza «en los puertos seguros» y que «contravenir las leyes del mar no prestando asistencia a personas en peligro» o «no garantizando la llegada a un puerto», cuesta vidas además de suponer también la violación de otros derechos humanos.

EL RESCATE NO ES POLÍTICA, ES OBLIGACIÓN

«Subcontratar, tal como ha hecho la UE, la contención de la migración con países que reiteradamente violan los derechos humanos de las personas migrantes, como es el caso de Libia, es inaceptable y no puede considerarse parte de una política migratoria», denuncia UGT.

A su juicio, buscar y rescatar a personas en peligro en el mar, no debe ser considerado parte de la política en materia de inmigración porque, apuntan, «es una obligación, para la UE y para cada uno de sus estados miembros».

En este sentido, señala que, la política y las decisiones en materia de migraciones «comenzarán después», cuando esas personas sean «desembarcadas en un puerto seguro». «Pero seguro de verdad, un puerto comunitario, y no el de un país tercero que, a la vista de todo el mundo, viola reiteradamente los derechos humanos de los migrantes», ha advertido UGT.

El sindicato considera además que es necesaria la corresponsabilidad real de todos los estados miembros, objetivo que, denuncia, tampoco se cumple con el Nuevo pacto europeo de migración y asilo, y la garantía de que una vez en territorio comunitario las condiciones de acogida, y la identificación de las personas responden a las obligaciones marcadas por la normativa internacional.