El PP quiere que Tribunal de Cuentas fiscalice en profundidad la financiación que reciben los partidos políticos a través del método del ‘crowdfunding’ o los microcréditos y que detalle el recorrido de los mismos en sus próximos informes sobre la contabilidad electoral de las formaciones en las elecciones generales y locales.
Esta es una de las propuestas de resolución presentadas por los ‘populares’ a los informes realizados por el Tribunal de Cuentas sobre el gasto electoral en las elecciones locales de 2019 y generales de noviembre de ese mismo año.
La propuesta del PP, busca en concreto que las Cortes insten al tribunal a fiscalizar los sistemas de financiación a través de plataformas digitales de financiación colectiva (crowdfunding) y de microcréditos, «mediante la verificación, de forma exhaustiva y continuada, del origen de los recursos, su cumplimiento y el reintegro efectivo de las cantidades».
El PP especifica que el fiscalizador deberá reflejar «detalladamente» en sus informes toda la información sobre estos métodos de financiación que utilizan.
Esta propuesta se someterá próximamente a votación en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas junto con las presentadas también por Vox relativas a estas formas de financiación de los partidos en periodo electoral.
Los ‘populares’ y los de Santiago Abascal, reproducen en sus iniciativas las recomendaciones que, a este respecto, viene haciendo en los últimos años el órgano que preside María José de la Fuente y de la Calle.
CUANTÍA MÁXIMA POR PRESTAMISTA
Así, ambos coinciden en que la comisión debe animar al Gobierno a regular los microcréditos, de modo que, al menos, se establezca una cuantía máxima por prestamista «que no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas».
También defienden que en esa reforma de la Ley de Financiación de Partidos se establezca que los microcréditos se ingresen en las cuentas que los partidos abren para las elecciones, y no en las ordinarias, y que éstos tengan que ser devueltos en un año natural desde las elecciones.
Vox añade, haciéndose eco también de las recomendaciones del tribunal, que la nueva regulación deje claro que la renuncia a la devolución por parte del prestamista debe hacerse constar «por escrito» y ser «considerada una donación a todos los efectos».
PROPUESTA DEL TRIBUNAL, EN JUNIO
En su última comparecencia ante la comisión mixta, la presidenta del Tribunal de Cuentas ya animó a los partidos a afrontar esta reforma y avanzó que en junio el tribunal aprobará una «moción relativa a la financiación, la actividad económico-financiera y el control de las formaciones políticas y de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellas», en la que se hablará de los microcréditos.
Según recordó la presidenta, los microcréditos son una fórmula nueva de financiación de los partidos que no está regulada, pues no es una donación, ya que la aportación hay que reintegrarla, y tampoco es un crédito bancario, por lo que es inaplicable la normativa del sector financiero.
De momento, el Tribunal se ocupa de asegurar que estos microcréditos no exceden del tope de 10.000 euros establecido para las donaciones particulares y, más adelante, en el informe anual de cada partido, comprueba si efectivamente ese dinero fue devuelto al ciudadano.
