El conseller de Movilidad y Vivienda del Gobierno balear, Josep Marí i Ribas, ha asegurado este martes que el Govern balear «está decidido» a seguir con la política de expropiación de viviendas a grandes tenedores.
En una intervención en el Parlament balear, el conseller ha respondido al diputado del PP Sebastià Sagreras, quien ha preguntado sobre las expropiaciones que anunció el Ejecutivo autonómico el pasado mes de febrero.
Marí ha explicado que el Govern se mantiene en la postura de realizar esta política en materia de vivienda, puesto que es «lo que marca la Ley de Vivienda».
Según el conseller, esta medida se suma a la política de construir pisos nuevos y dar ayudas para aquellas personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda. «Con las políticas de expropiación temporal o de tanteo y retracto se pondrá a disposición de esta comunidad muchísimo más parque para la gente que lo necesita», ha destacado el conseller.
Sagreras ha censurado que la gestión del Govern en materia de vivienda es un «fracaso», puesto que ha aumentado el precio del alquiler «en vertical», así como el precio de las propiedades. «Las clases medias tienen dificultades para poder llegar a tener una vivienda en propiedad», ha indicado.
Sobre esta cuestión también ha hablado en el pleno el portavoz adjunto de Cs, Marc Pérez-Ribas, quien ha preguntado por la situación en la que se encuentran los pisos que el Govern anunció que expropiaría. «La semana pasada, la Conselleria informaba que de los 56 pisos que se debían de expropiar temporalmente, diez se han comprado con dinero público, 19 salen del expediente por estimación de las alegaciones presentadas por los propietarios y quedan 27», ha recordado el diputado de Cs.
«La partida presupuestaria para comprar viviendas por tanteo y retracto era de 3,4 millones de euros y las 33 viviendas adquiridas recientemente por el Govern han costado 3,6 millones a los que hay que añadir los 900.000 euros destinados a ocho pisos que adquirieron el mes de enero», ha lamentado Pérez-Ribas.
Asimismo, el portavoz adjunto de Cs ha considerado que en el Govern «deben preguntarse si es más social construir vivienda social y que el dinero público llegue a los trabajadores y autónomos de las Islas o, por el contrario, utilizar el dinero para pagar a grandes tenedores».
El conseller Marí ha afirmado que el Govern «está seguro, contento y convencido» de la «bondad de esta ley que obliga a poner a disposición del mercado aquellos pisos que están vacíos». «Es verdad que de 56, un total de 19 alegaciones han sido aceptadas y estos saldrán del expediente. También es verdad que en este proceso los bancos han ofrecido 10 y se han comprado a una media de 85.000 euros por piso», ha añadido.
