martes, 22 junio 2021 22:13

Vocales del CGPJ avisan que la Ley de Memoria de Calvo atenta contra el modelo “no militante”

Dos de los votos particulares presentados por vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ahondan en las críticas que el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática ha suscitado en este órgano, cuyo informe oficial es de por sí ya muy crítico con el proyecto impulsado por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Así, los vocales José María Macías y José Antonio Ballestero alertan que la normativa atenta contra el modelo “no militante” de nuestra propia Constitución.

Según señalan ambos vocales en un voto particular de 32 páginas, hay que recordar que las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional nos enseñan “de manera constante y uniforme que la democracia española es extraordinariamente tolerante” al contrario de lo que ocurre en otros países respecto a las ideologías comunista o nazi, “no están prohibidas”.

España, según recuerdan, no ha optado por un sistema de democracia militante, y por ello en ella tienen cabida todas las ideas y proyectos políticos, incluso las contrarias al propio sistema constitucional.

La única exigencia al pluralismo, continúan, es que la defensa de los postulados se haga respetando la legalidad y por cauces democráticos, nunca utilizando la violencia ni cercenando derechos fundamentales.

A juicio de los vocales discrepantes la norma propuesta transmite, desde su Preámbulo, la idea de un déficit tanto en lo concerniente a los deberes de memoria histórica como en lo referido a peligros potenciales que pueden “resquebrajar la convivencia democrática” con los que no están de acuerdo.

EL TÉRMINO REPUBLICANO “GUERRA DE ESPAÑA”

Apuntan también detalles como que el texto utilice determinada terminología como “guerra de España”, empleado por la República española ante la Sociedad de Naciones, en vez del utilizado en todos los textos nacionales o internacionales como “Guerra Civil”. Apuntan que se fije como fecha final del periodo histórico contemplado el momento de la promulgación de la Constitución y la razón no se explique en el Preámbulo de la Ley, obviando la fecha de las elecciones de junio de 1977 para fijar este límite.

SILENCIO SOBRE ETA

Añaden estos vocales, respecto a otros puntos de la Ley, que “las desapariciones forzosas no son un problema en España y no lo son desde hace muchos años”, con excepción de los secuestros de ETA, banda sobre la que la norma, apuntan guarda un “ominoso silencio”.

En otro momento del informe, critican que la ley vaya “más allá” de su intención de una reparación integral de las víctimas de la guerra y la dictadura y recuerdan la inviabilidad del proceso penal como instrumento para hacer efectivo el derecho a conocer la verdad histórica. Por lo que se refiere al proceso administrativo, apuntan sus límites para establecer la condición de víctima.

CONTRA UNA IDEOLOGÍA CONCRETA

También ponen pegas a la vía legislativa elegida para declarar la nulidad de condenas y sanciones y que se pase por encima de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica en relación con los aspectos de la ley que afectan a la libertad de expresión.

En este punto, afean a la Ley que se dirija “hacia un grupo de personas definido por una ideología concreta y no con carácter general a todo totalitarismo”, ya que ello afecta a los derechos fundamentales “cuando son ejercidos por unos concretos ciudadanos” y no por otros “de otros discursos también totalitarios que del mismo modo (…) causaron en nuestra nación gravísimos quebrantos a los derechos humanos”.

Finalmente, critican que el texto, en su artículo 39, se “auxilie en la Ley de Seguridad Ciudadana” para asfixiar la capacidad de reacción y protesta de la ciudadanía frente a las políticas del Gobierno” desnaturalizando con ello el carácter “no militante” de nuestra Constitución. Respecto al artículo 45, referido al sistema educativo, alertan de que trate de implementarse el “preconcebido concepto de memoria democrática” que critican respecto a todo el proyecto, introduciendo sesgos que ataquen a la libertad de cátedra.

VOTO DE OTROS TRES VOCALES

Por su parte, los vocales Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz Abad explican en su voto particular, de 12 folios, que “aun compartiendo muchas de las conclusiones” del informe aprobado por el Pleno, consideran que el texto “adolece” de una “visión de falta de conjunto del anteproyecto de ley” y advierten de que “no entra a valorar los incumplimientos que conlleva de los Acuerdos con la Santa Sede” que tienen “rango de tratado internacional”.

En concreto, se muestran en contra del artículo 55 del anteproyecto, en el que se atribuye el carácter de cementerio civil a las criptas adyacentes a la basílica y a los enterramientos existentes en ella. A su juicio, “vulnera el Acuerdo con la Santa Sede” que declara la inviolabilidad de los lugares de culto, según señala el texto.

“No se puede declarar que un cementerio en el interior de una basílica, creada con todos los requisitos canónicos, se transforme en un cementerio civil”, señalan los vocales. En este sentido, recuerdan que una basílica no puede dejar se de serlo sin cumplir dichos requisitos canónicos “y menos aún por declaración legal y unilateral”, lo que a su juicio “sí constituiría una vulneración de la inviolabilidad de un lugar de culto”.

En el voto particular, los vocales advierten de que ahora con la Ley de Memoria Democrática “no es descartable, sino probable, que se quiera prescindir de la Comunidad benedictina” en la administración de la Fundación del Valle de los Caídos, “cuando su presencia en la basílica está anclada en el acta de erección pontificia de la Abadía” y “no puede modificarse sin con ello vulnerar el Acuerdo con la Santa Sede sobre asuntos jurídicos”.

Entre los argumentos esbozados en contra, los miembros del CGPJ firmantes de este documento también destacan que el anteproyecto de la ‘Ley Calvo’ “viene a caer en lo mismo que critica, que es la declaración de nulidad de las condenas y sanciones de determinados tribunales, de forma genérica y global” del mismo modo, puntualizan, que se hizo durante la dictadura respecto de condenas y sanciones de tribunales de la república.

Los tres vocales reprochan además el hecho que el anteproyecto apunte “a la judicialización” del reconocimiento de las víctimas, algo que -como también recoge el informe aprobado por el Pleno- “no parece corresponderse con el carácter esencialmente administrativo de las medidas e instrumentos de protección de las víctimas”.