La violencia vicaria está reconocida por ley como una forma de violencia de género, ya que supone el uso de los hijos por parte del agresor como herramienta para hacer daño a la madre.
La delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha explicado que se trata de una violencia «por sustitución» que se practica cuando el agresor «ya no tiene relación directa» con la mujer, porque ha puesto fin a la relación, y «utiliza a sus hijos como herramientas».
En este sentido, Rosell ha señalado que quien lleva a cabo esta práctica «no es un loco», ni tampoco es «la cara del mal» sino que es «la cara del machismo».
Según ha indicado, son «hombres que no toleran la libertad y la igualdad de las mujeres y reaccionan con violencia machista». «No son más que la cara más sangrante de la desigualdad», ha apuntado Rosell.
«CONTROL» Y «DOMINIO»
Uno de sus predecesores en este cargo, Miguel Lorente, ha advertido que esta violencia vicaria no se produce solo con el asesinato de los menores, sino que durante el periodo anterior al crimen, el agresor utiliza a los niños para tener el «control y dominio», en este caso de la mujer.
Lorente ha recordado que, desde que se tienen datos, hay una media de cinco niños al año que son asesinados por la violencia vicaria y cree que la sociedad necesita «tomar conciencia» de estos datos y esta situación para conseguir ser «coherentes» con esta violencia.
«Cuando un hombre entra en un bar y agrede a alguien y después a las dos personas que intentan separarlo, se le condena por agredir a tres personas», ha señalado el exdelegado de Gobierno, antes de apuntar que cuando se condena a un hombre por violencia de género solo se le atribuye maltrato a la mujer y no hacia sus hijos.
DE BRETÓN A LAS NIÑAS DE TENERIFE
En este sentido, también ha indicado que, si se está negando la violencia de género, «como hace la ultraderecha», hay que pensar en lo olvidada que puede estar aquella que sufren sus hijos.
Entre los casos más conocidos de esta práctica, están el de José Bretón, que asesinó y quemó a sus hijos, de dos y seis años de edad, tras la separación con su mujer Ruth Ortiz; o el de Ángela Carreño, que denunció por maltrato a su marido en 51 ocasiones, antes de que este asesinara a la hija de ambos, de 7 años, de un tiro, durante el régimen de visitas.
El último caso ha sido el de las menores de Tenerife, Olivia y Anna, secuestradas por su padre hace más de un mes, también durante el régimen de visitas. El cadáver de la mayor ha aparecido este jueves en el mar, mientras la Guardia Civil sigue buscando a su hermana y su padre.
A la madre de estas dos niñas, Beatriz, se ha referido este viernes la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha condenado el suceso. Además de a ella, Montero ha nombrado a Juana Rivas, condenada por sustracción de menores tras no entregar a sus hijos a su exmarido, condenado por violencia de género; y a Irune Costumero, que lleva sin ver a su hija desde 2017 después de que se le «impusiera», según ha denunciado, un régimen de visitas alegando Síndrome de Alienación Parental (SAP).
Sobre este síndrome y sobre la violencia vicaria se ha hablado también en los últimos meses con motivo de la emisión del documental de Rocío Carrasco.
