El juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Púnica’ ha desestimado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de realizar nuevas diligencias en la pieza separada relativa a la financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid. Echa en cara al Ministerio Público que interese ahora la declaración en sede judicial de varios investigados y testigos, y que lo fundamente en datos que «constan en el sumario desde el año 2017».
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, señala en el auto, que tiene la convicción de que la fase de instrucción «llegó a su fin» y que han quedado delimitados los elementos objetivos y subjetivos. Indica además que hay una responsabilidad legal de velar por la celeridad en la tramitación para ir hacia la fase de enjuiciamiento.
«La celebración del juicio, que es el ámbito en que se han de desplegar las diligencias de prueba, las únicas con eficacia suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia de todos los investigados que vienen sufriendo las consecuencias de su imputación desde hace casi siete años», indica el magistrado.
Por eso, considera que las diligencias que solicitaba en hasta tres escritos (de febrero y marzo de este año) la Fiscalía «constituyen unejemplo evidente del goteo en la solicitud de diligencias sin justificación alguna». Y recuerda que las peticiones realizadas por el Ministerio Fiscal se sustentan en datos que constan en el sumario desde el año 2017″.
Afea también que estas nuevas diligencias en este preciso momento no se justifican, «ni se expone razón alguna que permita entender que ha impedido interesar estas diligencias en los cuatro años anteriores».
Anticorrupción solicitaba la declaración como imputados del exdirector de RRHH de Indra Tomás Contreras y del jefe de proyectos de formación José Antonio Macho, por su indiciaria participación en el desvío de fondos públicos del Ente Público Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM). También pedían la declaración como testigo de Cristina Domenech, persona que aparece como solicitante en las autorizaciones internas de pago del año 2012; de Mar González Priego, secretaria general de ICM; y de Javier Botija, director de compras y Logística de ICM y miembro de las mesas de contratación del Ente público; y de otras cinco personas más.
Según la Fiscalía, la investigación de los hechos objeto de la pieza 9 de había permitido conocer que directivos de Indra habrían concertado con dirigentes del PP la participación de esa empresa en el desvío de fondos públicos de las arcas del ICM a través del presupuesto inflado de alguno de los contratos que, desde el año 2007, habrían sido adjudicados desdeaquella entidad pública a dicha mercantil.
«INNECESARIAS E INÚTILES»
Pero el magistrado, tras estudiar estas peticiones, recalca que las diligencias «resultan innecesarias e inútiles, y que por tanto, todas ellas, deben ser desestimadas». Y le indica al Ministerio Público que las citaciones que interesan de investigados «presentan un error conceptual de base» porque se fundamentan en un sustrato fáctico que no es objeto del procedimiento.
Y recuerda que tras lo actuado hasta la fecha «no resulta justificada ni la existencia de un concierto en el que existiría un trato de favor por parte del ente público ICM en beneficio de Indra en contratos licitados a esta última, ni mucho menos la existencia de sobrecostes o «contratos inflados» adjudicados a Indra.
