La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha informado este martes de que se ha interpuesto una denuncia formal ante la Policía autonómica y la Fiscalía de Menores sobre posibles delitos de abusos sexuales y de prostitución en un alojamiento turístico de Mogán (Gran Canaria) en el que se encuentran menores inmigrantes no acompañados.
Santana ha explicado que esta denuncia se ha interpuesto después de que el 31 de mayo su Consejería recibiera una denuncia anónima, a través de mail, en la que se exponía que en el alojamiento de Porto Bello, donde hay un dispositivo de emergencia de menores extranjeros no acompañados, supuestamente se estaban produciendo abusos sexuales y prostitución de menores.
Ante esta información y la «gravedad» de lo que exponía, ha señalado Santana en declaraciones a los periodistas, desde la Dirección general de la Infancia se abrió una investigación interna, que «siempre ha sido en colaboración con la entidad que porta servicio en Porta Bella, la Fundación S.XXI, y con la Policía Canaria», además agregó de ponerla en conocimiento de la Fiscalía de Menores.
Añadió que tras concluir dicha investigación interna, desde la Dirección general de la Infancia se ha presentando una denuncia formal tanto ante la unidad del Menor de la Policía Canaria como ante la Fiscalía con el fin de dar trasladado de la denuncia anónima.
Además en la denuncia presentada por Infancia se recogen «posibles nombres y no establece límite temporal» sobre los hechos, así como se hace referencia a las «deficiencias encontradas en el recurso». Asimismo la consejera ha agregado que la entidad que gestiona el dispositivo ha asegurado que, «en ningún momento, ha tenido conocimiento» de los mismos.
Santana ha defendido que desde la Consejería que lidera se «actuará con contundencia» ante los hechos denunciados, matizando que «quien debe resolver es la Policía y la Fiscalía», si bien su departamento hará «de acompañamiento» y se personará «en cualquier causa si se ve que hay indicios de esos delitos» pero, subrayó, que han «hecho lo que tenían que hacer, ponerlo en conocimiento de la policía y de la justicia».
De todos modos, Noemí Santana ha indicado que llevan «muchos meses» diciendo que su «prioridad» era poder cerrar los dispositivos que estaban ubicados en alojamiento turístico, así como que «siempre» han señalado que este tipo de dispositivos «no eran idóneos para poder albergar ahí a niños y adolescentes», si bien ha matizado que ante la «emergencia humanitaria inmigratoria que vivió el archipiélago, con más de 2.700 niños tutelados por esta comunidad, cosa que nunca había ocurrido en la historia, se tuvo que hacer uso de esos dispositivos».
Aún así, ha afirmado que desde mayo se están trasladando a los menores a otros recursos «más idóneos», apuntando que en el mes de mayo cerraron en Mogán uno de estos alojamientos turísticos, el Tamanaco, y en el caso de Porto Bello –donde se ha producido la denuncia– desde el 1 de junio se está trasladando a menores a otros centros bien en Canarias o en la Península.
Este centro, matizó, tuvo en su momento unas 170 plazas y actualmente tiene 121 cubiertas aunque «hoy 43 chicos se trasladarán a otros recursos de la comunidad», de tal forma que espera que el dispositivo de Porto Bello «pueda ver su cierre total en el mes de julio, probablemente mitad de julio», al igual que otros dos que quedan en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
