Esquerra (ERC), Junts, PDeCAT, la CUP, Bildu y el BNG defenderán este martes en el Pleno del Congreso la desclasificación de los documentos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, una proposición no de ley que registraron justo cuando se cumplieron 40 años de entrada en el hemiciclo del teniente coronel Antonio Tejero.
El texto que someterán a votación, plantea la necesidad de conocer «con exactitud «cada documento, cada grabación, cada información significativa que obre en poder del Estado español» y que aporte «luz y taquígrafos» a los verdaderos acontecimientos que alumbraron esa intentona golpista.
«Más allá de la versión oficial, existen fundados indicios de que el golpe de 23F fue algo planificado y orquestado no por cuatro militares descontentos, sino por toda una operación de Estado que permitiese salvar el Régimen del 78 hasta nuestros días. Es hora de conocer todo lo ocurrido en nombre de la verdad y la memoria democrática», argumentan.
En este contexto, las formaciones independentistas intentarán que el Congreso inste al Gobierno a realizar los cambios legislativos necesarios para desclasificar y dar a conocer todos los documentos escritos, sonoros o de vídeo que permitan conocer con exactitud loshechos vinculados al 23F.
Los promotores de la iniciativa consideran «inexplicable» que la Ley de Secretos Oficiales de 1968, sólo haya sido objeto de una reforma, en 1978, y siga generando «opacidad, indefensión y, sobre todo, desmemoria». «Resulta bochornoso conocer a través de países extranjeros y sus servicios de inteligencia hechos trascendentes que son secretos en España», se lamentan.
EL PAPEL DE JUAN CARLOS I
Para estas formaciones, el debate de la Memoria Democrática, pone de manifiesto la oportunidad de «conocer mejor la Transición» y «tener una mirada cierta sobre acontecimientos que determinaron la calidad de la democracia que se construía» como el terrorismo de estado de los GAL, el abandono del Sáhara Occidental o el propio 23F.
«Es necesario conocer todos los nombres de los militares implicados en la intentona, no solo los cabezas de turco condenados, la trama civil directa e indirecta del golpe, también los contactos con partidos que aceptaban un gobierno de concentración como mal menor, dispuestos a colaborar en él», recalcan.
También defiende la desclasificación para que se pueda «reconstruir las conexiones existentes con países extranjeros, su tutelaje sobre los acontecimientos», y «esclarecer el papel de la Casa Real, sus verdaderas intenciones y su papel central en la trama.
LA REFORMA QUE NO VE LA LUZ
Precisamente hace casi un año, el 23 de junio de 2020, el Pleno del Congreso aceptó tramitar una proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales y acelerar la desclasificación de documentos, una norma que los nacionalistas vascos llevan planteando desde 2016.
La Cámara ya había aceptado tramitarla en dos ocasiones anteriores, pero los grupos mayoritarios fueron dilatando los trámites y al final nunca llegó a ver la luz. Y ahora va por el mismo camino porque semana a semana se va ampliando el plazo para la presentación de enmiendas.
Esta reforma busca establecer un procedimiento para desclasificar documentos históricos declarados secretos en un plazo máximo de 35 años y reservados en 10 años, lo que permitiría sacar a la luz papeles aún ocultos de la Transición, como los relativos al 23F o a la actuación de los GAL.
