La Asociación de Mujeres Tabadol, en representación de los vecinos del Sector 6 de la Cañada Real, ha elevado una petición al Parlamento Europeo denunciando la vulneración de derechos humanos que sufren por los cortes de luz desde hace ocho meses.
En la misma petición solicitan que el Parlamento Europeo intervenga sobre el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid para devolver el suministro cuanto antes.
Se trata de la primera vez que la vecindad del Sector 6 de la Cañada Real pide ayuda a las instituciones europeas para que cese la vulneración de derechos humanos que denuncian públicamente desde el 2 de octubre por el corte de suministros.
El pasado mes de febrero el Relator especial de la ONU para la Extrema Pobreza, Olivier De Schutter, instó al Gobierno de España a actuar.
La Cañada Real ya ha pedido ayuda al Defensor del Pueblo, «que llamó atención al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que actúe y tome medidas que acaben con esta grave situación», unido a que en su informe alerta «sobre los perjuicios de la criminalización de los vecinos y vecinas de la Cañada Real».
EL ORIGEN SEÑALADO POR LA CAÑADA, LOS NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS
La Asociación de Mujeres Tabadol sitúa el origen del conflicto en los nuevos desarrollos urbanísticos del Sureste. Hace dos semanas, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir la investigación por delito de coacciones contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid y contra Naturgy. En los próximos meses un perito imparcial deberá determinar las causas del corte por orden judicial.
Tras ocho meses y medio sin luz y coincidiendo con el fin del curso escolar, las mujeres de Tabadol ponen el acento en la situación que están sufriendo los más de 1.800 niños y niñas que allí residen.
«Su derecho a la educación se ha visto perjudicado, como bien alertaron los profesores de hasta once centros escolares donde acuden los niños, niñas y adolescentes de la Cañada Real debido a las dificultades de continuar el curso escolar con normalidad», han detallado desde la asociación, donde añaden que, «por motivos obvios, no han podido asistir a clases virtuales y han visto afectados sus resultados académicos».
El escrito apela a la normativa europea para la protección de los derechos de la infancia pero también a diversas directivas comunitarias de protección a consumidores vulnerables puesto que «el incumplimiento del Pacto Regional para la Cañada Real les impide el acceso al suministro eléctrico dejándoles en una situación de pobreza energética».
El Parlamento Europeo recepciona estas peticiones en la Comisión de Peticiones, que debatirá sobre la situación que vive el Sector 6 de la Cañada Real Galiana en los próximos meses.
LA COMUNIDAD
Por su parte, fuentes del Gobierno regional han remarcado a Europa Press que el suministro eléctrico es «ilegal y fraudulento», por lo que es «difícil hablar de devolución», porque primero habría que hablar de cómo llevar la electricidad «dentro de la legalidad» sobre las dificultades derivadas de la «clasificación urbanística» del suelo.
«Partimos de la base de que estamos en un asentamiento donde hay ocupaciones ilegales porque la clase del suelo impide los asentamientos que allí se producen. La totalidad de las edificaciones, especialmente en el Sector VI, son absolutamente ilegales», han insistido.
Al hilo, han recordado que desde el Comisionado para la Cañada Real se trabaja en completar el Pacto Regional destinado a dar respuesta a la población de este enclave, de más de 7.000 personas, entre la que figuran los realojos.
«Es complicado volver a una situación de normalidad anterior a los cortes, porque ya de por sí no era legal, adecuado ni acorde a la normativa vigente», han zanjado.
