La delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado este jueves que las conclusiones incluidas en el informe del Consejo de Estado a la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del ‘solo sí es sí’, no afectará a que el consentimiento se mantenga como «eje central» de la misma.
«No afecta a su definición como eje crucial de la ley», ha respondido Rosell a las preguntas de los periodistas sobre si el informe del Consejo de Estado obligaba a cambiar al definición de consentimiento en la norma.
Sí ha señalado que la redacción de esta definición se podría hacer a través de la doble negación o en positivo, aunque también ha indicado que no sabe cuál será la usada en el texto final. Aún así, ha insistido, en ambos casos se «diría lo mismo» y el consentimiento seguirá siendo el centro de la norma.
EL INFORME NEGATIVO DEL CGPJ
En su intervención, Rosell ha quitado importancia a las recomendaciones dadas por el Consejo de Estado y que, a su juicio, no afectan a «cuestiones esenciales» de la norma, frente «a aquel segundo informe» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «con una carga negativa importante».
Así, indica la delegada de Gobierno, el Consejo de Estado ha detallado propuestas técnicas, algunas referidas a la colocación de algunos artículos o párrafos del contenido que, en la actualidad se están «acomodando» a la espera de que el texto pueda ser aprobado en el Consejo de Ministros de la próxima semana.
La situación que presenta Rosell parece muy diferente a la que se vivió con el informe del CGPJ, un órgano que rechazó la definición de consentimiento por «innecesaria», porque, a su juicio, «no evitaría» la revictimización de la agredida y porque «alteraba las normas sobre la carga de la prueba en el proceso». Tampoco está conforme con la agrupación de los delitos de acoso y abuso. Ambos temas son cruciales en esta ley.
Rosell celebra ahora el cercano fin de la tramitación de esta norma «tan extensa» y que «toca tantos ámbitos». A su juicio, el contenido es de una «calidad altísima», tiene «seguridad jurídica» y está muy «consensuada» por los actores implicados.
