El Parlament ha aprobado una moción en la que insta al Govern a impulsar en el plazo de 12 meses los trabajos para elaborar un anteproyecto de ley sobre el cambio de nombre y reconocimiento del sexo de las personas trans, así como adaptar el ordenamiento para garantizar los derechos de los hijos de víctimas de violencia machista.
En el texto de la moción, se solicita que en el plazo de 9 meses se lleve a cabo la adaptación del ordenamiento jurídico para dar «la necesaria garantía de atención» a estos menores, sin necesidad de que haya un procedimiento judicial abierto, y también en los casos de menores de entre 14 y 16 años.
Tras una enmienda de Junts, la moción también prevé impulsar una reforma del Reglamento del Parlament para reforzar el compromiso contra la discriminación con sanciones «en el caso de no firma del compromiso de tolerancia cero ante la discriminación y el abuso»; este punto se ha aprobado con los votos favorables de los socios de Govern, CUP, comuns y PSC, la abstención de Cs y el PP, y el ‘no’ de Vox.
La moción considera necesaria la revisión de todas las formas de lucha contra las violencias machistas, la implementación de la Ley de igualdad de trato, así como la tramitación de la ley trans en el Congreso; un punto que ha sido aprobado con el ‘sí’ de los socios de Govern, la CUP, los comuns y Cs, la abstención del PSC y el PP y el ‘no’ de Vox.
La diputada de ERC Jenn Díaz ha presentado la moción en el Parlament, y ha destacado la necesidad de que el debate parlamentario se haga desde el respeto, y celebra que se dé un paso adelante en el cambio de nombre y reconocimiento de sexo a las personas trans, aunque recuerda que «las competencias del Registro Civil no son propias de Catalunya».
DEBATE
En el debate, la diputada del PSC Gemma Lienas ha dicho que no está de acuerdo en el punto sobre la innecesaria existencia de un procedimiento judicial abierto: «Sabemos que si las mujeres están obligadas a denunciar se echan atrás, pero si no hay denuncia hay inseguridad jurídica», y cree que sería positivo plantear otros escenarios.
Por Cs, la diputada Anna Grau dice que le hace gracia que Junts apoye esta moción contra la discriminación cuando la presidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts), se «atreve a cortar el micro a los grupos que expresan opiniones que a ella le disgustan», y se ha mostrado favorable en el punto de impulsar la ley trans en el Congreso.
La diputada de Junts Aurora Madaula ha celebrado que se haya aprobado su enmienda para impulsar una reforma del Reglamento del Parlament para reforzar el compromiso contra los discurso de odio mediante sanciones, ante «discursos de odio que niegan la violencia machista» e insta al Govern a trabajar de forma interdepartamental.
La diputada de Vox Mónica Lora ha pedido a ERC que lo que escriben en la moción se lo apliquen y les reprocha su «hipocresía cuando combaten la discriminación por ideología, cuando Vox sufre cada día un cordón antidemocrático», y ha considerado que esta moción tiene como objetivo seguir incluyendo la perspectiva de género en todos los ámbitos.
La diputada Basha Changue (CUP) ha afeado a ERC que la moción, aunque prevé el cambio de nombre a personas trans y la garantía de los derechos de hijos de víctimas de violencia machista, «se ventila el racismo, la xenofobia y otras violencias en un punto genérico, disperso y sin concreción de medidas, y se centra en la blanquitud».
Por los comuns, la diputada Susanna Segovia ha exigido políticas de inclusión e igualdad ante los discursos de odio, así como destinar más inversión, ha hecho un llamamiento a dejar de politizar los derechos de las personas trans y ha exigido que la Conselleria de Feminismos no sea una «conselleria florero».
El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha sostenido que la enmienda de Junts que plantea la reforma del Reglamento del Parlament supondría una «auténtica mordaza» y les ha pedido que si quieren combatir opiniones opuestas que lo hagan mediante el debate y argumentos políticos, y no silenciando.
