La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha anunciado que votarán este viernes a favor de la investidura de la presidenta en funciones y candidata a la Presidencia, Isabel Díaz Ayuso, pero ha pedido respeto a sus votantes y ha avisado que exigirán derogar las leyes LGTBI vigentes en la Comunidad de Madrid y cerrar Telemadrid.
«Dijimos en campaña que impediríamos que entrara la izquierda, dijimos también que no seríamos un obstáculo para investir con nuestros votos a la señora Díaz Ayuso y vamos a cumplir. El sentido de nuestro voto será a favor de la señora Díaz Ayuso, no será una abstención. Votaremos a favor de su investidura para que comiencen a trabajar cuanto antes porque se ha perdido un tiempo valiosísimo», ha manifestado durante su intervención en la segunda sesión del Pleno de investidura, en la Asamblea de Madrid.
Monasterio ha hecho hincapié en que hay «muchos problemas que necesitan una solución y para encontrar esas soluciones» están abiertos a colaborar siempre que respeten a sus votantes y su programa político. «Nosotros desde luego respetamos a los suyos y su programa aunque diferimos en muchos aspectos. Somos fuerzas políticas muy distintas. Tenemos posiciones diferentes pero eso no debería ser un obstáculo insalvable para alcanzar los acuerdos que necesitan los madrileños», ha declarado.
En este punto, ha indicado que consideran que «todas las personas son iguales independientemente de su sexo, raza o identidad sexual» pero se oponen firmemente » a la ideología de género». Monasterio ha defendido que «creen en el derecho a la presunción de inocencia» y abjuran «del Pacto de Estado de la Violencia de Género».
«En Madrid están vigentes unas leyes de género propias de la izquierda más radical. Soy capaz de entender que su anterior socio (Ciudadanos) no le dejará derogarlas pero nosotros sí se lo vamos a exigir, y me atrevo a aventurar que sus votantes se lo agradecerán», ha trasladado.
Solicitarán también «una auditoría integral de las subvenciones para eliminar las ideológicas e inútiles y obligar a la devolución de todas aquellas que no hayan cumplido escrupulosamente los fines para los que fueron otorgadas».
En este sentido, Monasterio ha sostenido que «el dinero de los madrileños no puede ir destinado a financiar organizaciones patronales como la del señor Garamendi (CEOE) que apoya la ruptura de la unidad de España y aplaude los indultos a los golpistas».
INMIGRACIÓN ILEGAL
Por otra parte, ha defendido que creen en la inmigración «legal y ordenada» y que se adapte a las necesidades de la Nación porque «el multiculturalismo ha fracasado». Para Vox, «quien entra ilegalmente en España debe marcharse y si ha delinquido debe ir a la cárcel de su país» y los menores extranjeros no acompañados «deben regresar con sus padres» porque «fomentar la avalancha, dedicarle más dinero del que reciben cualquier español e inmigrante legal no es otra cosa que ser cómplice del efecto llamada».
«Sé que no tiene competencias pero del mismo modo que es valiente para hacer frente a (Pedro) Sánchez en otros ámbitos en los que tampoco no tiene competencias. Le pido que haga lo mismo, por favor, con la seguridad y la prosperidad del conjunto de los madrileños», le ha lanzado a la presidenta madrileña.
CIERRE DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA
Además, ha hecho hincapié en que el camino de reducir los diputados «es el correcto» y ha incidido en que hay que continuar también reduciendo el gasto público. En este punto, ha apostado por cerrar Telemadrid porque «ni es un servicio público, ni necesario para los madrileños sino un pozo sin fondo que consume decenas de millones de euros cada años, 74 millones de euros anuales».
«¿Por qué los madrileños tenemos que pagar de nuestro bolsillo a quienes insultan a diario en televisión? Y si no se puede cerrar de forma inmediata abra que reducir drásticamente su coste», ha espetado.
En cuanto a la reducción de consejerías, de 13 a 9 que ha avanzado ya Ayuso, ha indicado que hay que ir más allá porque 7 son más que suficientes. «Ha trabajado con siete estos meses y no ha pasado nada», ha trasladado a continuación.
En otro orden de cosas, Monasterio ha avanzado que reclamarán «la realización de una auditoría que permita conocer el coste de la corrupción en las últimas dos décadas» y ha apostado por mejorar los controles internos y personar a la Comunidad de Madrid «en todos los procesos judiciales exigiendo las máximas penas».
