Vox intentará este martes que el Pleno del Congreso tome en consideración su proposición de ley de protección integral de los denunciantes de corrupción en la que, entre otras cosas, plantean premiar a las personas que den el paso de denunciar este tipo de delitos con el 10% del dinero que se recupere.
La iniciativa de los de Santiago Abascal, busca poner a fin a la «situación de desamparo» que viven estas personas mediante un Estatuto y una Autoridad Independiente de protección de los denunciantes de corrupción.
Es en el marco de este estatuto en el Vox propone que se recompense a los denunciantes con un premio «por importe equivalente al 10% de la cuantía efectivamente recuperada del importe total en que se cifre el perjuicio al erario público» por los delitos ante los que den la alarma.
En paralelo, abogan por crear una autoridad independiente llamada específicamente a articular, con plenas garantías, los cauces dedenuncia, y a tramitar las denuncias que se reciban. Con la creación de este organismo, destaca Vox, se daría cumplimiento tanto a demandas planteadas por la ONU como por el Consejo de Europa.
‘WHISTLEBLOWERS’
Además, Vox asegura que mediante la aprobación de su ley España podría cumplir el plazo de dos años que tiene para transponer la directiva europea de Protección a los Denunciantes de Corrupción (conocidos en inglés como ‘whistleblowers’) en vigor desde diciembre de 2019.
En concreto, la ley protege a los empleados en el sector privado o público y que hayan tenido conocimiento de información sobre infracciones administrativas o delitos en el ámbito del Sector Público de los que pueda derivarse perjuicio para el erario público, en un contexto laboral o funcionarial.
DENUNCIAS ANÓNIMAS
También podrá aplicarse a quienes denuncien irregularidades en procesos de selección aunque aún no hayan iniciado su relación laboral con la administración. Asimismo, se incluye de manera expresa la protección de los denunciantes como «fuentes de información de los medios de comunicación« y, por tanto, la total indemnidad de los periodistas y medios publiquen informaciones sobre casos de corrupción.
La norma obliga a las entidades jurídicas del sector público y privado a establecer cauces internos y procedimientos de notificación y tramitación de las denuncias y tendrán que admitirlas aunque sean anónimas sin poder, en ningún caso, obligar al denunciante a desvelar su identidad.
RÉGIMEN SANCIONADOR
La proposición de ley recoge también un régimen sancionador para castigar a quien presente denuncias falsas u obstaculice las o perjudique las investigaciones, por ejemplo, filtrando informaciones sobre las mismas. Las multas oscilan entre los 200 y los 400.000 euros para las infracciones más graves.
Respecto a la Autoridad Independiente de Protección de los denunciantes de corrupción, estará adscrita al Ministerio de Justicia, pero sus miembros no podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.
La persona que la presida lo hará por un mandato no renovable de seis años, será elegida por el Pleno del Congreso y nombrada por quien ocupe su Presidencia.
Los candidatos serán propuestos por los grupos parlamentarios y por organizaciones sociales de ámbito nacional que trabajen contra el fraude y la corrupción. Deberán comparecer ante la comisión parlamentaria correspondiente para evaluar sus condiciones para el cargo y tendrán que contar con un título universitario superior que resulte idóneo para las funciones atribuidas y con más de diez años de experiencia en este ámbito.
Las candidaturas que superen ese primer filtro se votarán en el Pleno del Congreso, que elegirá al presidente o presidenta por tres mayoría de tres quintos (210 votos) en primera votación. Si nadie logra ese apoyo, se votarán los nombres de quienes hayan obtenido más respaldo y se elegirá a quien gane.
