La Guardia Civil aprueba el nuevo protocolo ante situaciones de violencia a la mujer dentro de la institución

El Consejo de la Guardia Civil ha aprobado este lunes el nuevo protocolo ante situaciones de violencia a la mujer que forma parte de la institución, así como otras normas sobre la provisión de destinos por concurso de méritos o la regulación de especialidades.

La guardia civil víctima de este tipo de violencia podrá ocupar un nuevo destino siempre que cumpla requisitos como que esté vacante; podrá valorarse la posibilidad de nombrar una comisión de servicio, con o sin ocupación de puesto de trabajo y sin derecho a indemnización; o tendrá derecha a una situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

También hay medidas como la reordenación de la jornada de trabajo y horario de servicio, con el fin de hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia integral, con independencia del régimen de prestación de servicio que tengan establecido, o para solicitar una reducción de la jornada. Si lo solicita, se le puede asignar en precario un pabellón oficial hasta que pueda obtener otro con carácter ordinario o decida residir en otro domicilio.

MEDIDAS CONTRA EL SUPUESTO AGRESOR

El protocolo establece que la jefatura de su unidad le notificará de forma inmediata que queda suspendido su permiso para acceder a las bases de datos susceptibles de contener información de la víctima, en especial si se trata del sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Asimismo, no podrán desempeñar labores que tengan relación directa con infracciones de esta naturaleza.

Se le retirará inmediatamente y con carácter cautelar de sus armas oficiales y particulares. En el caso de que hubiera medidas de alejamiento, se le podrá asignar un pabellón en precario o acordarse una comisión de servicio, con o sin ocupación de puesto de trabajo, o el pase a la situación de suspensión de funciones mientras dure esta prohibición.

Mientras estén incursos en el procedimiento penal, al presunto agresor no se permitirá el acceso a cursos de perfeccionamiento relacionados con el ámbito de policía judicial. Además, podrá realizar actividades formativas o programas organizados por el Área de Igualdad y Diversidad para contribuir a su rehabilitación.

TELÉFONO GRATUITO

La directora general, María Gámez, ha destacado que para asegurar la efectividad y confidencialidad de las comunicaciones entre las guardias civiles y quienes tengan atribuidas las responsabilidades de asesoramiento estará disponible en horario laboral un teléfono gratuito, una «herramienta útil para prevenir y sensibilizar en la tolerancia cero contra esta violencia».

El protocolo deriva del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género para regular situaciones en las que la víctima comparte espacios con su agresor, así como en el Plan de Acción de la Guardia Civil contra la Violencia sobre la mujer, «que pone énfasis en la perspectiva interna», según ha destacado el Instituto Armado.

La norma recoge cualquier violencia que afecte a las mujeres «como colectivo de manera desproporcionada, que se ejerce sobre ellas en razón de su condición femenina y que no se ciñe a la producida en el ámbito de las relaciones de pareja, sino que incluye tanto la vertiente privada o doméstica como la pública», aunque se orientará especialmente a los casos de violencia de género y a las conductas que puedan quebrantar su libertad e indemnidad sexual.

En estos casos, se remitirá comunicación dirigida a la directora general de la Guardia Civil, que adoptará, en el ámbito de sus competencias contempladas en la normativa vigente de aplicación, las medidas correspondientes a los hechos puestos de manifiesto.

Los encargados de la investigación de estos casos serán unidades de policía judicial distintas a las concretas de destino del personal afectado. Para acogerse a este protocolo, las guardias civiles podrán acreditar ser víctimas de situaciones de violencia de género mediante sentencia condenatoria por delitos de esta naturaleza, a través de una orden de protección, de cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a su favor.

Excepcionalmente, hasta tanto se dicte la misma resolución, podrá valer con un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que es víctima de violencia de género. De igual manera, será válido el informe de los servicios sociales.

MENCIÓN A PROMOTORES DE ASOCIACIONES

Dentro de otros asuntos que se han abordado en el Consejo, la Dirección General ha destacado la mención especial a los guardias civiles que, desde finales de los años 70 y hasta principios de los 90, promovieron la regulación del asociacionismo profesional, que se consolidó con la aprobación de la Ley Orgánica 11/2007 de 22 de octubre.

También se han tratado temas como la regulación de los órganos de educación física y deportes de la Guardia Civil, y de las diferentes especialidades del Cuerpo. Además, se han aprobado las normas generales de régimen interior de los centros docentes y se ha expuesto la provisión de destinos por concurso de méritos en la Institución.