domingo, 1 agosto 2021 14:38

PSOE y Podemos tumban en el Congreso las propuestas de PP y Vox de prohibir los indultos en casos de sedición

El PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de sus aliados de investidura, han rechazado este martes en el Pleno del Congreso tomar en consideración las propuestas del PP y de Vox de prohibir por ley la concesión de indultos en casos de condenas por sedición y rebelión.

Por un lado, el PP ha defendido una proposición de ley de reforma de la Ley de Indultos de 1870 para prohibir expresamente la medida de gracia en casos como los presos del proceso independentista de 2017. Es una iniciativa que se registró en septiembre de 2020, cuando el Gobierno anunció que iba a comenzar la tramitación de las solicitudes de indulto, y que se ha debatido horas después de que el Gobierno haya aprobado la concesión del perdón a los nueve presos.

Por su parte, Vox ha presentado una Ley de protección integral de los denunciantes de corrupción que, además de premiar a estos con un porcentaje del dinero que el Estado llegue a recuperar, incluía cambiar la Ley de Indultos para prohibir este ‘perdón’ en casos de sedición e incluso una reforma del Código Penal para castigar con entre tres y cinco años de cárcel la convocatoria de referendos no autorizados.

Hace una semana ya hubo una primera votación en la Cámara Baja sobre los indultos a los presos del procés, en la que 190 diputados de PSOE, Unidas Podemos y los socios del Gobierno (en torno al 55% de la Cámara) desestimaron la pretensión del PP, Vox y Ciudadanos de rechazar la medida de gracia.

La reforma legal del PP, defendida por el diputado Carlos Rojas, ha sumado el apoyo de Foro Asturias, UPN, Ciudadanos y Vox. Para Edmundo Bal, de Cs, la aprobación de los indultos marca “un día de luto, aciago para España, en el que el Consejo de Ministros ha puesto al país de rodillas frente a quienes trataron de romper España” y “humilla” a quienes se opusieron a aquel referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

VOX CARGA CONTRA EL GOBIERNO RAJOY

Desde Vox, el diputado Juan José Aizcorbé ha apoyado la reforma aunque criticando al PP porque, con el Gobierno de Mariano Rajoy, España sufrió dos referendos ilegales en Cataluña (la consulta del 9N de 2014 y el 1-O de 2017), se dejó que huyera uno de los “bufones” del independentismo (en alusión al expresidente Carles Puigdemont) y se aplicó un 155 “vergonzante”.

Enfrente se ha situado el PSOE, que ha ejercido en turno en contra de la propuesta del PP. El secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, ha recordado que la Constitución contempla la posibilidad del indulto y ha dicho no entender que el PP sólo los prohíba para el delito de sedición y no para el asesinato. “No al indulto a los presos del procés, pero sí el asesinato o incluso a (María Dolores) Cospedal si la condenan”, ha ironizado.

El PSOE, que en 2016 sí pedía reformar la Ley de Indulto sólo para prohibir esta medida de gracia en casos de corrupción y violencia machista, ha acusado al PP de “aprovechar rechazo que puede suscitar el independentismo para enfrentar a los españoles para sacar tajada”. “Eso es ventajismo de la peor calaña –ha dicho–. No sigan ustedes por este comino de Colón, de mesas petitorias y de cárcel y sólo cárcel, que eso no salió bien”.

PARA CORRUPTOS SÍ HAY INDULTOS

También el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha criticado la reforma del PP y, como el PSOE, ha incidido en los casos de corrupción que afectan a los ‘populares’, denunciando que “el partido más corrupto de Europa era también quien más indultaba”.

La prohibición de los indultos por sedición ha concitado además el rechazo de ERC, cuya portavoz adjunta Carolina Telechea, no ve normal que ése sea un delito inindultable. En contra de la reforma se ha situado además el PNV, Bildu, el PDeCAT, la CUP y Junts, cuya portavoz Miriam Nogueras, ha acusado al PP de estar “haciendo el ridículo”.

La misma suerte ha corrido la iniciativa de Vox, que han rechazado los socialistas, el grupo confederal y sus socios habituales en el Congreso, quienes han acusado a los de Abascal de pretender reformar una ley ordinaria para proteger a los denunciantes por corrupción para introducir disposiciones que persiguen, entre otras cuestiones, prohibir los indultos a los condenados por sedición y rebelión.

“ES LA EXCUSA”

“Es la excusa”, ha denunciado la diputada del PSOE Elvira Ramón, quien ha rechazado la proposición de ley de Vox alegando que el Gobierno tiene avanzados los trabajos para presentar el anteproyecto de ley de transposición de la directiva europea sobre la protección de los denunciantes de corrupción.

Argumento compartido por el diputado Pedro Honrubia, de Unidas Podemos, quien ha cuestionado la credibilidad del partido que lidera Santiago Abascal con esta ley teniendo en cuenta que no se ha personado en ninguna de las causas de corrupción que afectan a su “socio” del PP.

ERC, el PDeCAT, el PNV y Compromís han denunciado las pretensiones contra el independentismo que “esconde” la propuesta de Vox y han pedido esperar al proyecto de ley que sobre los denunciantes de corrupción está preparando el Gobierno, pese a denunciar que haya tenido la “extrema derecha” la que tenga que “sacarle los colores” por su tardanza en este sentido.

Tanto el PP como Ciudadanos y Foro Asturias han elogiado en términos generales el texto de Vox, que han respaldado, y han aprovechado su debate en el Pleno para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez por ‘perdonar’ este martes a los “golpistas” del procés y no a otros condenados por otro tipo de delitos menos graves. “Siempre ha habido clases para los indultos”, ha comentado el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal.

LOS EXPERTOS DESACONSEJARON ESTABLECER DELITOS ININDULTABLES

No es la primera vez que el Congreso debate reformas de la Ley de Indultos. En 2016 el PSOE propuso cambiar la Ley de Indultos, que data de 1870, para prohibir que la medida de gracia se aplique a condenados por corrupción y violencia machista, pero cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno con la moción de censura en 2018, esa iniciativa se congeló. Y es que el PP, que entonces era el primer partido de la Cámara, quería aprovechar para añadir en esa reforma que tampoco se pudiera indultar a los condenados por sedición.

Se llegó a organizar una ronda de expertos en el Congreso y todos los consultados coincidieron en la inconveniencia de establecer una lista de delitos para los que se niegue el indulto, ya que eso restringiría la potestad constitucional del Gobierno para conceder este ‘perdón’.