La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha informado este martes de que el Govern tiene una propuesta de sanción de 200.000 euros para los promotores del concierto de reguetón celebrado el 15 de junio en la plaza de Toros de Palma, señalado como uno de los focos del megabrote de contagios COVID asociado a viajes de estudios en Mallorca.
Así lo ha explicado en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Centro de Mando Operativo del Platerbal con la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, y el presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), Toni Salas.
Garrido ha calificado el concierto del día 15 en Palma de «desmadre» y ha aseverado que se sancionará «de forma contundente e impecable» a quienes no cumplan las normas COVID en la comunidad.
Además, ha explicado que a raíz de la intervención de los agentes de la patrulla verde de la Policía Local y los inspectores de la Conselleria de Turismo, se emitió un informe de urgencia que permitió que el concierto del día 20 se celebrase cumpliendo la normativa.
Aunque sobre esta propuesta de sanción cabe recurso por parte de los implicados, la consellera ha indicado que los trámites administrativos de las sanciones son «extensos, pero se acabarán pagando». «Los infractores deben saber que no les dejaremos en paz y cuando se haga una infracción, se pagará», ha subrayado.
Otro de los focos del megabrote que aún está por identificar, según Garrido, son las fiestas en barco, en discotecas subterráneas de hoteles o en el aparcamiento de un parque acuático.
Ahora mismo, el Govern está investigando estos hechos a partir de vídeos, imágenes y declaraciones de los jóvenes que han estado presente. Por este motivo, Garrido ha pedido durante la reunión la colaboración de Guardia Civil y Policía Nacional para identificar a los infractores y, a partir de ahí, tramitar las sanciones.
Desde que empezó la pandemia, Baleares ha levantado 45.915 actas, de las que más de 24.000 ya están registradas. Con lo cual, el Govern estima que las propuestas de sanción rondan el valor global de 4,3 millones de euros.
