La magistrada Lara Esteve, socia de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), ha celebrado que el Gobierno haya aprobado este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Garantías de las Libertades Sexuales que castiga todo comportamiento sexual sin consentimiento, que aúna todos los delitos sexuales en uno solo de agresión y que penaliza a los proxenetas, entre otras medidas.
No obstante, ha advertido de que «la creación de normas represivas por sí solas no van a permitir reducir las agresiones». «Entiendo que tendrá una repercusión en la sociedad que haga entender que la violencia sexual es un delito, hay que recalcarlo por los delitos que nos encontramos», ha señalado Esteve en declaraciones.
Al igual que considera que «ayudó» la Ley de Violencia de Género a visibilizar la violencia machista y a ayudar a las víctimas, la magistrada cree que las actuaciones que recoge la nueva normativa «ayudan». «Hay cuestiones muy interesantes en prevención. Soy optimista, creo que sí que va a contribuir a una mejor prevención para evitar estos delitos», ha subrayado.
La ratificación de este texto se produce un año y cuatro meses de su primera evaluación por parte del Ejecutivo. Desde entonces, la norma ha pasado por consulta pública, el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado.
Estos dos últimos mostraron su disconformidad con la definición de consentimiento que incluía el texto, redactado por el equipo de la ministra de Igualdad, Irene Montero. También pusieron pegas a la unión de los delitos de abuso y agresión sexual en un mismo tipo.
«Es una valoración positiva la redacción de esta ley, que además ha sido el esfuerzo de distintos ministerios y una respuesta a una demanda social que venía ya siendo importante en los últimos años», ha manifestado la socia de la Asociación de Mujeres Juezas, quien ha asegurado que «se estaba demandando una actualización de la norma penal a las demandas europeas».
En este punto, Esteve ha apuntado que esta ley «actualiza algunos conceptos y también innova en otros». Entre ellos, ha resaltado que, desde el punto de vista penal, unifica los conceptos de agresión y abuso sexual: «Hasta ahora el Código Penal regulaba de manera distinta el abuso y la agresión sexual. Para que hubiera agresión sexual era necesario intimidación o violencia, eran dos figuras que se valoraban de manera distinta».
La magistrada ha valorado de manera positiva la unificación de estos dos conceptos «como se establece en los parámetros europeos» y ha añadido que la nueva ley añade la definición del consentimientos en estas situaciones, algo que «antes no se preveía».
NO DEFINIR EL CONSENTIMIENTO GENERABA «CIERTA INSEGURIDAD»
Así, ha explicado que en el caso de la libertad sexual «no se definía el consentimiento, por lo que había que acudir a la jurisprudencia para establecer si era una relación sexual consentida o no consentida», algo con lo que, en su opinión, «se generaba cierta inseguridad». «En este caso se ha revisado la incorporación de la definición del consentimiento en el ámbito de la libertad sexual, algo que ya venía regulando el Convenio de Estambul», ha concretado.
En este sentido, la redacción de la nueva norma establece que: «Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».
Dentro de las recomendaciones del Convenio de Estambul, esta ley también recoge la protección a todas las mujeres, niñas y niños con independencia de su situación administrativa, su etnia o nacionalidad, así como a las víctimas de trata y explotación sexual bajo la premisa ‘todas las violencias, todas las mujeres’, según ha indicado Igualdad.
Así, también se actúa contra la industria proxeneta al incorporar la tercería locativa que permitirá perseguir a los proxenetas que, de manera habitual y con ánimo de lucro, destinen cualquier establecimiento o espacio público o privado para la explotación sexual de terceras personas.
«La ley también introduce la penalización para el uso del inmueble destinado al ejercicio de la prostitución, que es una materia muy complicada. Entiendo que ha sido valiente a la hora de sacar este concepto y darle forma jurídica, habrá que ver las consecuencias que tiene para las personas que ejercen la prostitución», ha apostillado la socia de AMJE.
Con la nueva norma se evita la revictimización desarrollando medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales. Además, las mujeres víctimas de violencias sexuales tendrán recursos a su disposición aunque no denuncien, como los centros de crisis 24 horas, para las mayores de 16 años, o las casas de infancia para los menores de esa edad.
«Otra cosa novedosa de la ley es el derecho a la reparación integral del daño para la víctima, la asistencia psicológica, la reparación del daño moral y del daño social», ha concluido Esteve.
