El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) ha puesto de manifiesto que la aprobación de la Ley Orgánica de Libertad Sexual incluye en su última versión «la criminalización de todo el entorno de la prostitución», y constituirá «la práctica ilegalización de la actividad en nuestro país».
Esto, según ha explicado la organización en un comunicado, dejará a las mujeres que la ejercen «en una situación muy complicada y sin opciones para poder sobrevivir y mantener a sus familias».
Para CATS, «esta inclusión de última hora ha impedido a las asociaciones de trabajadoras sexuales y aliadas poder alegar durante el periodo de consulta pública», ya que el primer borrador no contenía referencia alguna a la prostitución.
El Comité ha dejado claro que no está en contra de la ley, pues «las trabajadoras sexuales también pueden ser objeto de violencia sexual y esta ley es también para ellas», al entender que «el consentimiento es fundamental para separar lo que es delito de lo que no lo es».
No obstante, considera que la «criminalización» de la prostitución es «un parche absurdo, oscuro y perverso». «La Ley de Libertad Sexual pone el consentimiento de la mujer como base para mantener relaciones sexuales y, paradójicamente, niega ese mismo consentimiento si la mujer lo hace por dinero», ha apostillado.
«Las trabajadoras sexuales ya estaban cansadas de ser infantilizadas y ninguneadas por los poderes políticos. Ahora son objeto de prácticas maquiavélicas que dicen pretender salvarlas. Eso sí, tapándoles la boca. Nunca un colectivo social había sido tan ignorado en iniciativas legislativas que les afectaran», ha apostillado.
A juicio de CATS, «es innegable que existe mucha explotación y muchos abusos en la prostitución», pero «la solución no es ilegalizarla, no es criminalizar todo su entorno, dificultarles que alquilen habitaciones o trabajen en clubes o burdeles».
Esto, añade, «es hacer su vida mucho más difícil, más arriesgada, más clandestina y más vulnerable a caer en manos de intermediarios, protectores y delincuentes en general».
El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo considera que, para luchar contra la prostitución forzada y la explotación, «la prohibición y la criminalización» de esta práctica «no es la herramienta adecuada», ya que «se puede conseguir justo el efecto contrario, como sucedió en EEUU con la Ley Seca y la prohibición del alcohol hace ahora un siglo».
Ante esto, defiende que, para no dejar en la calle a decenas de miles de mujeres que ejercen la prostitución, «hay que ofrecer buenas oportunidades formativas, laborales y habitacionales que dudamos mucho que puedan conseguirse para todas, incluso en momentos de bonanza económica. Y si esto no es posible, estamos condenando a muchísimas mujeres y a sus familias a la precariedad más absoluta».
Al hilo, ha mencionado el caso de Nueva Zelanda, que despenalizó la prostitución hace 20 años y «protege especialmente a las trabajadoras sexuales de la explotación y los abusos del empresariado». «Nuestros legisladores deberían estudiarla. Pedimos que se retire la prostitución de la Ley de Libertad Sexual», ha concluido CATS.
