El profesor y sacerdote de la Orden de Frailes Menores (OFM) Franciscanos condenado a 20 años de prisión, en sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de diciembre pasado ahora confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por abusar sexualmente de forma continuada de cuatro alumnas menores de edad a las que impartía clases de Religión en 3º y 4º de Primaria en un colegio de Córdoba, ha tomado la «decisión personal de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), al que todo ciudadano tiene derecho».
Así lo ha dado a conocer este jueves en su web, la Provincia de la Inmaculada Concepción de la citada OFM Franciscanos, la cual, una vez publicado el fallo del TSJA, ante el que la citada orden había recurrido la sentencia condenatoria de la Audiencia cordobesa, ha señalado que «el hermano encausado», un «religioso franciscano que trabajaba hace siete años en la parroquia aneja al Colegio Santa María de Guadalupe de Córdoba», ha tenido, «de continuo, el seguimiento, consejo y discernimiento adecuado, así como la asistencia letrada y las prestaciones de la entidad, como habría tenido cualquier miembro de una familia».
En este sentido, ahora tiene «también el respeto que merece su decisión personal de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, al que todo ciudadano tiene derecho», añadiendo la orden que les «duele hondamente la confusión y el dolor que los hechos juzgados han generado en la ciudadanía, lo mismo que en la comunidad educativa y en los hermanos de la esta institución».
PIDEN PERDÓN
En cualquier caso, en la orden siguen «a disposición de las víctimas y sus familiares, a quienes pedimos perdón; lamentamos, sin paliativos, el daño que los hechos hayan causado y reiteramos, una vez más, nuestra firme voluntad de trabajar a favor de la protección de menores».
Su objetivo es seguir «previniendo y denunciando cualquier abuso sexual, de autoridad o de cualquier otra conducta punible, ejercidos o no por el personal de nuestros centros escolares y parroquias, sea sacerdote, religioso o seglar, como obliga y sanciona nuestro protocolo de prevencioón y actuación contra estos abusos y el derecho propio».
SENTENCIA DEL TSJA
Por lo que se refiere al fallo de la Sección de Apelación Penal del TSJA, ahora recurrido ante el TS, ha cofirmado integramente la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba que condenó al religioso como autor de cuatro delitos continuados de abuso sexual sobre personas menores de 13 años con prevalimiento de su condición de profesor de las víctimas y le impuso, por cada delito, cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular con menores.
Asimismo, la Audiencia de Córdoba condenó al profesor a indemnizar con un total de 16.000 euros a las cuatro víctimas, mientras que lo absolvió de un delito de abuso sexual puntual sobre una de sus alumnas y de otro delito de abuso sexual continuado sobre otra menor, dado que, según la Audiencia, en estos dos casos «no ha quedado acreditado tras la prueba practicada que realizara sobre ellas tocamientos de significación sexual».
La Audiencia consideró probado que el acusado impartió clases desde el comienzo del curso 2012/2013 como profesor en un colegio de Córdoba y, al menos hasta 2014, fue párroco de una parroquia, señalando que, cuando las menores afectadas estaban cursando tercero y cuarto de Primaria, el investigado las «sometió a tocamientos» en el interior del aula.
Además, la Audiencia relata en la sentencia, confirmada por el TSJA y ahora recurrida ante el TS, que en el curso escolar 2014/2015 y cuando una de las víctimas asistía a un campamento organizado por el propio colegio en el mismo centro escolar, el acusado, que en esas fechas ya no les daba clase, pero era párroco de una parroquia, le pidió tanto a ésta menor como a otra compañera que «fueran con él a su despacho con la excusa de recoger chucherías para los niños».
Una vez allí, supuestamente abusó sexualmente de una de ellas, unos hechos que la joven puso en conocimiento de sus padres, quienes a su vez remitieron una carta al director del colegio, fechada el 2 de diciembre de 2014, tras lo que el procesado fue trasladado a otra población.
Al cabo del tiempo, y cuando iban a organizar una fiesta en el colegio ya en el año 2019 con ocasión de la graduación de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), «se comentó la posibilidad» de invitar a la misma al condenado, ante lo cual ésta última menor «revivió con ansiedad lo ocurrido» y, ya el 30 de mayo, reveló lo acontecido a unos agentes de la Policía Local, dando lugar a las investigaciones que iniciaron este procedimiento.
