El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no quiere que vuelvan a darse casos como el de la aerolínea Plus Ultra. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, guarda silencio ante la concesión de ayudas públicas sin justificar a esta polémica compañía aérea mientras que el Gobierno busca la forma de evitar que escándalos similares se vuelvan a filtrar. La Ley de Seguridad Nacional que prepara el PSOE no tiene nada que ver con la Ley Mordaza. Esto es un golpe sobre la mesa que, en caso de emergencia, permitirá al Ejecutivo tomar decisiones sobre la vida de la gente vulnerando todos sus derechos fundamentales por el «bien» del país. Sin embargo, dentro de la maraña de golpes a las libertades individuales que contempla esta ley, el presidente también ha incluido un apartado en el que se permiten el lujo de dar los contratos y las ayudas que les plazcan sin la obligación de tener que publicarlo en el Portal de Transparencia. Aberrante, pero cierto.
Este borrador que será en pocas semanas aprobado por el Consejo de Ministros es un auténtico escándalo para algunos. Sánchez, en base a la experiencia de gestión con la pandemia, ha querido dotar al Gobierno de plenos poderes para casos de emergencias (guerras, pandemias o cualquier cosa que ponga el Estado en peligro). Por eso, ha decidido desarrollar una Ley de Seguridad Nacional que básicamente permite al Ejecutivo tomar el control sobre los bienes y la vida de la gente. Podrán disponer de propiedades privadas a su antojo, podrán licitar todo lo que les venga en gana y podrán vulnerar los derechos fundamentales de los españoles sistemáticamente sin consecuencias porque la ley les amparará. Y todo sin tener que hacer un ejercicio de transparencia.
Hay quien se pregunta cómo dentro de una ley de estas características (que en definitiva busca que la capacidad de acción del Estado sea plena y no esté encorsetada por leyes u contrapoderes como el judicial, tal como en una dictadura), se ha metido una cláusula que habla de que el Estado puede hacer todas las licitaciones que quiera a las empresas que quiera por el importe que quiera sin necesidad de hacer público el contrato. Se paga con el dinero de todos, por supuesto, pero en caso de emergencia, el Gobierno podrá contratar a quien quiera sin necesidad de dar explicaciones. Y sobre qué le puso en la pista para incluir una cláusula así, Plus Ultra tiene mucho que ver.
Pedro Sánchez no quiere verse envuelto en una polémica igual
Fuentes del PSOE entienden a título personal (porque insisten en que no lo saben de primera mano) que la concesión de la muy polémica ayuda pública a Plus Ultra que tantos problemas le ha traído al Gobierno tiene una razón de ser de peso que no debe ser muy estética. Sea cual sea, lo cierto es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no quiere verse envuelto en una polémica igual en caso de que haya otra catástrofe como la que estalló el pasado febrero de 2020 y ha decidido incluir en esta polémica ley un apartado que permite que el Gobierno pueda disponer del dinero público para lo que quiera sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Y menos a esa incómoda prensa que publicó el caso de la aerolínea venezolana.
El resumen (y como el Ejecutivo del líder del PSOE lo reconoce) es que si esos contratos son necesarios para seguridad nacional, el Gobierno podrá conceder todo el dinero público que quiera sin la obligación de publicarlo. Vamos, que la Ley de Seguridad Nacional recupera una forma de Gobierno propia de hace décadas que en España conocemos muy bien. Y todo esto viene motivado por el escándalo de Plus Ultra y por los coletazos que aún está por dar.
Esta Ley de Seguridad Nacional será aprobada en no muchos meses pese a que el Ejecutivo insiste que de momento tan solo se trata de un simple borrador. Sea como sea, la idea en la que Sánchez se escuda para erradicar la obligación de emplear el Portal de Transparencia es la de «abastecer» al país en caos de emergencia. El PSOE dice que solo se pretende dar más agilidad al Ejecutivo para responder con premura a las consecuencias de la crisis, sea cual fuere, pero lo cierto es que añadido a este disponer del dinero público cuando se quiera está la idea de poder utilizar los bienes privados para el uso que considere el Estado.
El PSOE habla de «agilidad» del Estado porque dice que la experiencia de la pandemia ha dejado claro que en caso de emergencia es necesaria más capacidad de respuesta. Pero el problema es que en estos casos, el dinero que fue a parar a empresas sin capacidad para que trajeran material sanitario o esos millones de euros que fueron a ayudar a una compañía que tiene algún valor estratégico para el PSOE además del económico, no es cómodo para el Gobierno que se tengan que publicar a bombo y platillo en ese incómodo Portal de Transparencia que tantos dolores de cabeza le ha traído a los socialistas. Si no, que le pregunten al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre esa dichosa cinta de correr que renovó con el dinero de todos los españoles.
