La izquierda murciana ha elevado el tono contra el presidente autonómico Fernando López Miras, que se apoyó en tránsfugas de Ciudadanos y expulsados de Vox para sortear una moción de censura y cambiar la ley para posibilitar presentarse a un tercer mandato.
El ambiente en la Asamblea se ha enturbiado más todavía tras salir a la luz que López Miras medió en la operación quirúrgica de un familiar del número dos del PP estatal, Teodoro García Egea, que pudo beneficiarse de su cargo político para que un miembro de su familia fuese operado antes que a pacientes con la misma prioridad y que estaban en lista de espera.
INTERCAMBIO DE GOLPES
El PP ha contraatacado ya que el Gobierno de Murcia ha denunciado ante la Fiscalía el acceso ilegal al historial clínico del familiar de García Egea. Francisco Lucas, vicesecretario de los socialistas en la Región, ha acusado a López Miras de «disparar a todo aquel que alza la voz contra la red clientelar que tiene montada en la Región».
El PP, según Lucas, «está tan acostumbrado a comportamientos mafiosos, y tiene tan naturalizada la corrupción política en sus entrañas, que cree que todos son como ellos». El socialista afirmó que su partido perseguirá «todas las conductas indignas e ilegales que practiquen los miembros del Gobierno regional».
«Las amenazas, insultos y denuncias falsas que el PP realiza contra el PSRM y sus dirigentes no nos van a amedrentar, al contrario, nos reafirman en nuestra labor y demuestran que vamos por buen camino», añadió.
UNIDAS PODEMOS DENUNCIA EL SUPUESTO TRATO DE FAVOR A LÓPEZ MIRAS
Los máximos responsables de IU y de Podemos en la Región de Murcia, José Luis Álvarez-Castellanos y Javier Sánchez Serna, anunció que Unidas Podemos ha denunciado a Fernando López Miras por un presunto caso de cohecho por haber realizado un supuesto trato de favor a García Egea.
Ambos dirigentes aseguran que el PP «juega con la legalidad vigente, compra diputados, monta un proceso paralelo para altos cargos y amigos en el proceso de vacunación y cuela a familiares en los quirófanos».
Álvarez-Castellanos aseguró con ironía que entre las funciones del presidente de la Región de Murcia no entra «la gestión personalizada de citas médicas», hecho que le permite presumir que Miras ha cometido «un delito de cohecho de libro».
El delito de cohecho, explica el líder de IU en la Región de Murcia, se realiza cuando se interfiere «en el buen funcionamiento de la Administración con influencia de intereses perturbadores». Y asegura que el interés de su partido es «preservar así su recto ejercicio y garantizar la probidad e imparcialidad de sus funcionarios, y la eficacia del servicio público encomendado».
Álvarez-Castellanos recordó que el PP murciano ya se vio salpicado por la vacunación fuera de turno de altas personalidades, como el anterior consejero de Sanidad o un concejal que, además, fingió formar parte de un supuesto voluntariado.
Y aseguró que en la Región de Murcia se vislumbra «un escenario de corrupción monumental, donde el PP, el partido gobernante, muestra un absoluto desprecio por la población a la que debería defender».
Sánchez Serna aseguró que Podemos seguirá «vigilando estrechamente a este presidente que lo mismo compra voluntades de diputados tránsfugas que vende favores a los cargos de su partido» y cree que en la Región no hay «un problema de corrupción sistémica, sino de impunidad».
El caso de García Egea, según el líder morado, resulta «un insulto para las más de 22.000 personas que esperaban en abril una operación, muchos de ellos pacientes graves, y que aguardan su turno sin recurrir a presiones ilícitas o chanchullos».
